– La patronal de Andalucía lamenta que se vive «un tiempo de distracción permanente y donde las ocurrencias abundan»
MADRID/GRANADA, 26 (SERVIMEDIA)
El presidente de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), Gerardo Cuerva, calificó este jueves de «persecución en toda regla al empresario» el acuerdo suscrito entre PSOE y Sumar para reeditar el Gobierno de coalición, mientras que el presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, declaró que hay propuestas que «son fuegos de artificio que todos sabemos que probablemente no se van a llevar a la práctica».
Cuerva y Sánchez Llibre hicieron estas apreciaciones en el congreso organizado por la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos (CEDE) en Granada, donde el presidente de Cepyme denunció que «uno, cuando desgrana la propuesta, ve ese intervencionismo en el sistema económico, ideas que realmente vienen a poner el freno a la autogobernanza, a la autogestión, a la libre competencia, al libre mercado».
El acuerdo de Gobierno entre PSOE y Sumar contiene medidas como la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas en 2025 y la modificación de la regulación del despido en España, aspectos con los que se ha mostrado muy crítica la CEOE y sus organizaciones miembro.
Cuerva opinó que es «un desprecio» al diálogo social que, a su juicio, durante estos 40 años de democracia ha sido un ejemplo internacional. Por ello, sostuvo que el acuerdo «viene a usurpar el espacio» de los agentes sociales.
«Me siento que estoy inmerso en un programa de persecución a aquellos que realizamos actividades privadas y, por otro lado, me da mucha pena que se instrumentalice el diálogo social. No vale, no vale creer en el diálogo social en un momento y al momento siguiente no», remarcó Cuerva.
FUEGOS DE ARTIFICIO
Por su parte, el presidente de la patronal catalana Foment manifestó que este no es un «acuerdo de gobierno, sino que es de dos formaciones políticas». «Son anuncios electorales, son fuegos de artificio que todos sabemos que probablemente no se van a llevar a la práctica, porque también hay que contar con los grupos parlamentarios que configuran el Congreso, que son los que, en definitiva, tendrían que apoyar estos grandes acuerdos», añadió.
Al respecto, Sánchez Llibre explicó que duda «muchísimo» de que partidos que «no comulgan con estas ideas izquierdistas» vayan a aprobar determinadas propuestas pactadas entre el PSOE y Sumar.
Igualmente, juzgó que se trata de «una falta de respeto» al diálogo social y avisó de que son iniciativas que hacen un «gran daño» a la economía productiva. Además, alertó de que estas cuestiones generan «una falta de seguridad jurídica que perjudican a las futuras inversiones» y a la «credibilidad del país».
MEDIDAS DESAFORTUNADAS
En la mesa de debate también intervino el presidente de la patronal andaluza CEA, Javier González de Lara, quien dijo que hay medidas «desafortunadas e inoportunas» en el acuerdo y aseveró que «estamos en un tiempo de distracción permanente y donde las ocurrencias abundan».
En este punto, el líder de los empresarios andaluces elogió la importancia del diálogo social «como elemento de transformación de la sociedad a través de un factor» que es «la paz social»
«La paz social no se construye de la nada, ni se reproduce por esporas; no nace por las mañanas, sino que hay que regarla, hay que trabajarla con los agentes económicos sociales más representativos, que somos los empresarios y, lógicamente, las centrales sindicales», apuntaló González de Lara.
Y es que, en su opinión, los tres elementos más importantes del diálogo social son la jornada, el salario y la productividad, por lo que «si tocas por decreto estás atentando contra el principio de autonomía de las partes».
Por otro lado, los tres líderes patronales pusieron en valor la importancia de la figura del empresario en España y su contribución al sostenimiento de los servicios públicos y el Estado del bienestar «con la riqueza» que generan las compañías y sus empleados.
Finalmente, hicieron hincapié en la necesidad de que las administraciones gestionen «de la mano» del sector privado y pusieron como ejemplo de buenas prácticas en este apartado al Gobierno actual de la Junta de Andalucía, contraponiéndolo a lo que hacen otros gobernantes.
