– Las ayudas tendrán un coste que alcanzará los 3.900 millones, elevando así hasta los 8.900 millones el impacto de las medidas anticrisis a lo largo del segundo semestre
– El Gobierno decide no extender la prórroga automática de contratos de alquiler que finalicen a partir del 1 de julio
MADRID, 27 (SERVIMEDIA)
El Consejo de Ministros prorrogó este martes una buena parte de las medidas aprobadas en el decreto anticrisis de diciembre, entre ellas, la rebaja del IVA de los alimentos básicos de la cesta de la compra y la bonificación del precio del transporte público, además de las subvenciones al gasóleo profesional.
Así lo avanzó la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde detalló que este paquete de medidas tendrá un impacto sobre las cuentas públicas de 3.800 millones de euros adicionales, lo que eleva el coste total de todas las ayudas en la segunda parte del año hasta los 8.900 millones de euros. En total, el Ejecutivo movilizaría 47.000 millones en las medidas anticrisis adoptadas hasta la fecha.
La principal novedad del decreto ha sido la prórroga de la bonificación al gasóleo profesional. Hace tan solo un día, Calviño rehusó detallar si el Gobierno iba a extenderla temporalmente. De hecho, defendió que las medidas debían empezar a tener un tinte «quirúrgico», por lo que parecía dar a entender que el Ejecutivo la iba a dejar decaer este próximo 30 de junio.
Sin embargo, el Gobierno de Pedro Sánchez ha apostado finalmente por prorrogar la subvención hasta el 30 de septiembre. Hasta esa fecha, el importe de la ayuda será de 10 céntimos por litro de carburante. A partir del 1 de octubre, se reducirá a 5 céntimos hasta el 31 de diciembre. La ayuda se abonará al final de cada mes de aplicación, junto la devolución parcial del impuesto sobre hidrocarburos.
También tendrán acceso a esta subvención los profesionales del transporte por carretera que realizan su labor sin gasóleo profesional, que percibirán la ayuda en un solo pago. Para ello, se utilizará el mismo dato de consumo que ya se usó para la implantación de la medida en el primer semestre.
Para las flotas con tecnologías de propulsión a gas se prevé una compensación de 13 céntimos entre julio y septiembre, y de 7 céntimos entre octubre y diciembre. Asimismo, el decreto extiende la ayuda a los operadores de servicios de transporte marítimo que operan en líneas de navegación de interés público.
REBAJA DEL IVA DE LOS ALIMENTOS
Por otro lado, y como ya avanzó Calviño un día antes, el decreto mantiene en los mismos términos la rebaja del IVA de los alimentos, por lo que, a partir del 1 de julio, se mantendrá la rebaja del 4% al 0% en el tipo impositivo del pan, las harinas panificables, la leche, los huevos, las legumbres, los cereales, las frutas, las verduras y las hortalizas, así como la reducción del 10% al 5% en el aceite y la pasta. La carne y el pescado vuelven a estar excluidos de la bajada fiscal.
Las rebajas estarán en vigor hasta el 31 de diciembre, según detalló Calviño. Sin embargo, al igual que en el anterior real decreto-ley, el Gobierno ha incluido una vía de escape por si los precios retornan a niveles «razonables» antes de que termine el año. De este modo, la rebaja del IVA se revertirá a partir del 1 de noviembre en el caso de que la tasa interanual de la inflación subyacente del mes de septiembre, publicada en octubre, sea inferior al 5,5%, según confirmaron fuentes del Ministerio de Hacienda a Servimedia.
BONIFICACIÓN DEL TRANSPORTE
El Gobierno también ha decidido extender la ayuda para la bonificación de al menos el 50% de los abonos de transporte público en aquellas autonomías y ayuntamientos que aporten parte de la financiación. Así, el Estado bonificará el 30% del coste total, mientras que las administraciones autonómicas y locales tendrán que poner, como mínimo, un 20% adicional.
En cifras, el Gobierno destinará 380 millones de euros a cubrir su parte de la rebaja en el segundo semestre de 2023, es decir, 55 millones más que en el primer semestre, cuando todas las comunidades y ciudades autónomas y 138 entidades locales recibieron 325 millones.
Canarias y Baleares, por su parte, no recibieron fondos porque tienen un mecanismo particular de ayudas. De hecho, en ambos archipiélagos el transporte público terrestre colectivo es gratuito para los viajeros habituales en 2023.
En materia energética, el decreto prorroga la congelación del precio de la bombona de butano –en los 19,55 euros, aunque en la actualidad está en torno a los 16 euros–, las ayudas a la industria electrointensiva y la prórroga de las actuaciones de apoyo para la reconstrucción de La Palma.
DEDUCCIÓN EN COMPRAS DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS
Asimismo, el séptimo paquete de medidas para hacer frente a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania establece una deducción del 15% en el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas por la compra de vehículo eléctrico nuevo o la instalación de sistemas de recarga de baterías para vehículos eléctricos. Esta desgravación se aplicará durante los dos próximos años y será por un importe máximo de 20.000 euros.
El Ejecutivo también dio luz verde al marco legal de la nueva línea de avales del ICO para la adquisición de la primera vivienda destinada a residencia habitual y permanente por jóvenes de hasta 35 años y familias con menores a cargo, siempre y cuando cuyos ingresos individuales no superen los 37.800 euros al año. El aval del Estado cubrirá entre el 20% y el 25% de la hipoteca, por un importe global de hasta 2.500 millones de euros, y tiene por objetivo facilitar la compra de aproximadamente 50.000 viviendas.
Asimismo, el Gobierno aprobó nuevos criterios medioambientales y de gestión del tráfico en el procedimiento para otorgar las licencias de VTC y «consolidar» así «la convivencia con el sector del taxi». «De esta forma, se vinculará al cumplimiento de criterios de mejora de la calidad del aire, reducción de emisiones y de gestión del tráfico y del espacio público de la comunidad autónoma, donde se pretenda domiciliar la autorización», indicaron desde Presidencia del Gobierno.
Por otra parte, Calviño confirmó que se retrasa la entrada en vigor hasta el 1 de enero el derecho a la cotización a la Seguridad Social de los becarios, así como la prohibición del despido en las empresas beneficiarias de ayudas públicas derivadas de la guerra. El real decreto-ley incluye también la transposición de directivas comunitarias, como la de movilidad -en lo relativo a transformaciones, fusiones y escisiones transfronterizas- y la modificación de la ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo.
VIVIENDA
En materia de vivienda, la vicepresidenta primera indicó que se prorroga hasta final de año la prohibición de desahucios de hogares vulnerables sin alternativa habitacional. La vicepresidenta justificó esta decisión en que, aunque ya esté prevista en la Ley de Vivienda, «es cierto que las comunidades autónomas no han dispuesto de tiempo suficiente» para poner en marcha los mecanismos de mediación y de búsqueda de alternativas habitacionales. «Lamento que haya personas que quieran generar incertidumbre o desasosiego, teniendo en cuenta que estos años hemos reforzado mucho» el marco sobre alquiler, resaltó Calviño.
Por último, confirmó que no se extenderá la vigencia de todos los contratos de alquiler que finalicen y, ante las críticas por parte de sus socios de gobierno a esta última medida, recordó que ya está en vigor la Ley de Vivienda que establece topes a la subida del precio del alquiler del 2% este año y el 3% el próximo.
En este mismo sentido se pronunciaron desde el Ministerio de Transportes, desde donde defendieron que la prórroga automática era una medida «extraordinaria y coyuntural», que estaba enmarcada «en el contexto de la pandemia y en los momentos en que la inflación alcanzó máximos», una etapa que «por fortuna» ya ha pasado.
Asimismo, recordaron que la Ley de Vivienda ya recoge la posibilidad de solicitar una prórroga extraordinaria de un año para inquilinos en situaciones de vulnerabilidad. «Es decir, aprobamos por ley una protección mucho más amplia para las personas en situación de vulnerabilidad cuyos contratos de alquiler finalicen, y además lo hacemos por un periodo mucho más amplio: un año», señalaron las fuentes procedentes de la cartera dirigida por Raquel Sánchez. Para el resto de casos, destacaron que la ley de arrendamientos urbanos ya prevé prórrogas obligatorias para el arrendador de hasta 5 años cuando se han agotado todas las extensiones contempladas en contrato.
