– La CNMC será la encargada de vigilar que no se repercute el coste a los clientes, pudiendo imponer sanciones del 150% de la cantidad trasladada
MADRID, 28 (SERVIMEDIA)
El nuevo impuesto a las compañías energéticas gravará su cifra de negocios anual con un tipo del 1,2%, mientras que el nuevo tributo a aplicar a las entidades financieras gravará con un 4,8% sus ingresos anuales en intereses y comisiones.
Estos nuevos impuestos, cuyo objetivo es gravar a estas compañías debido a que el Gobierno prevé que tendrán unos beneficios mayores gracias al contexto actual de alta inflación y aumento de los tipos de interés, iniciaron este jueves su tramitación con la presentación de una proposición de ley conjunta por parte de los grupos parlamentarios de PSOE y Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados.
El objetivo es que ambas figuras -que en principio se espera que estén en vigor en 2023 y 2024- queden aprobadas para entrar en vigor el 1 de enero de 2023, quedando abiertos a modificaciones por las enmiendas que el resto de grupos parlamentarios presente durante la tramitación parlamentaria.
APLICACIÓN
En concreto, el nuevo impuesto a las compañías energéticas se aplicará sobre aquellas compañías eléctricas, gasistas y petroleras que tuvieran una cifra de negocios superior a los 1.000 millones de euros en 2019, gravando con un tipo del 1,2% la cifra de negocios que hayan tenido en 2022 y 2023. Quedarán excluidas del pago de este tributo aquellas compañías cuya actividad energética no llegue a suponer el 50% de su facturación.
En el caso del impuesto a las entidades financieras, este tributo se aplicará sobre aquellas que en 2019 ingresaran al menos 800 millones de euros brutos en concepto de intereses y comisiones, gravando en un 4,8% la cantidad que ingresen por este concepto en 2022 y 2023. En este caso, el motivo por el que el umbral de tributación se establece en 800 millones y no en 1.000 millones es porque los ingresos de intereses y comisiones suponen un 80% del total de sus ingresos.
Cabe señalar que en este impuesto a las entidades financieras el tributo se aplicará sobre la cifra neta de ingresos en intereses y comisiones, de forma que en ambos conceptos se reste a los intereses y comisiones que cobran las entidades financieras los intereses y comisiones que pagan ellas mismas.
Cuando la compañía a la que se aplica una de estas figuras sea un grupo fiscal, la cifra de negocios o de ingresos por comisiones e intereses a la que se aplicará será la correspondiente al grupo consolidado. Además, en ambos casos no se tendrán en cuenta las operaciones intragrupo ni aquellas que las compañías realicen a través de sus filiales en otros países, y el pago de estos tributos no será deducible en el Impuesto de Sociedades. El pago de ambos impuestos deberá realizarse en septiembre, una vez cerradas ya sus cuentas del año anterior, pero habrá un pago a cuenta del 50% en febrero.
PROHIBICIÓN DE REPERCUTIRLOS
Asimismo, la proposición de ley contempla la prohibición expresa del traslado del coste de estos tributos al cliente final, quedando en ambos casos la supervisión de que esto se cumple a cargo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), aunque en el caso del impuesto sobre las entidades financieras también tendrá competencias el Banco de España, que colaborará con la CNMC.
En caso de incumplimiento de este aspecto, la proposición de ley contempla una sanción del 150% del importe repercutido a los clientes.
Para la aplicación del impuesto a las compañías energéticas se tendrá en cuenta el listado de operadores principales a la hora de identificar a aquellas compañías susceptibles de tributar por este impuesto.
Técnicamente, estas nuevas figuras no son impuestos, sino una prestación patrimonial de carácter público y naturaleza no tributaria, conocido en el mundo anglosajón como ‘levy’.
La previsión del Gobierno es recaudar en torno a 1.500 millones de euros al año con el impuesto a las entidades financieras y 2.000 millones de euros al año con el aplicable a las compañías energéticas.
