MADRID, 01 (SERVIMEDIA)
La media de edad del parque de vivienda usada en España es de 43,5 años, según un informe realizado por la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI) publicado este martes.
El estudio, que recopila información de entre las cerca de 1.200 agencias inmobiliarias que forman parte del colectivo, revela que las principales deficiencias que presentan los inmuebles son la falta de ascensor en el 32,08% de los casos, seguida de poco espacio exterior (24,91%), falta de aislamiento térmico (23,74%) y ausencia de rampas (19,25%).
Con ello, el presidente de la FAI, José María Alfaro, aseguró que estos datos «evidencian el déficit de inmuebles energéticamente eficientes y poco o nada accesibles para las personas con movilidad reducida o personas mayores en el actual mercado inmobiliario».
La organización aseguró que las agencias inmobiliarias están percibiendo un aumento en la demanda de este tipo de viviendas accesibles y energéticamente eficientes entre los compradores. Según Alfaro, «en la mayoría de los casos, si no existe demanda, se debe a la falta de oferta existente de viviendas sostenibles y de accesibilidad».
En este contexto, el presidente de la FAI recalcó que «uno de los retos a los que se enfrenta el sector inmobiliario es la necesidad de recuperar los centros urbanos construidos en los años 70 y 80 y que la vivienda sea más eficiente energéticamente y mantenerla en buenas condiciones, tanto desde el punto de vista de seguridad como del de confort y accesibilidad».
Asimismo, aseguró que «la rehabilitación del parque de vivienda pasa por la articulación de medidas eficientes y bien coordinadas entre las comunidades autónomas y los ayuntamientos».
Por ello, Alfaro propone que más allá de préstamos subvencionados a las comunidades de propietarios, las administraciones públicas faciliten ayudas económicas directas al arrendador y bonificaciones en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y en el de la Renta (IRPF) a quienes destinen esas viviendas rehabilitadas al alquiler habitual de larga estancia, e incluso si se alquilan por un precio de renta no superior al índice máximo por zona que la Ley de Vivienda pretende establecer.
