MADRID, 11 (SERVIMEDIA)
La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) mostró este jueves su desacuerdo con la nueva Autoridad de Defensa del Cliente Financiero que ha impulsado el Gobierno, al considerar «ilusorio que se pretenda resolver los problemas del sector público creando nuevos órganos que reproducen la estructura organizativa de los órganos ya existentes, basada en una burocracia funcionarial, sin intentar la reforma de estos últimos».
En un artículo que firma el profesor Benito Arruñada, de la Universidad Pompeu Fabra, Fedea discute la «racionalidad» de este órgano administrativo, cuya puesta en marcha se desarrollará mediante un proyecto de ley que se encuentra actualmente en trámite parlamentario.
Esta nueva autoridad centralizaría en un único organismo los tres servicios de reclamaciones hoy a cargo del Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.
El autor conviene en que a la vista de la endémica congestión que sufren los juzgados en países como España, es lógico pensar en soluciones complementarias, desde códigos de conducta a mecanismos alternativos de resolución de conflictos, exacerbados a raíz de la pasada crisis financiera.
«Sin embargo, esta solución administrativa suele obviar sendas estrategias alternativas. Antes de crear o potenciar estas burocracia con funciones parajudiciales convendría revisar la organización (dotaciones, tasas, carrera profesional) del sistema judicial propiamente dicho, con vistas a mejorar su eficacia en la resolución de conflictos», afirma Arruñada.
Asimismo, este experto sostiene que sería oportuno intensificar la competencia en los mercados afectados, pues esa competencia proporciona la solución más eficiente, al evitar que muchos conflictos lleguen siquiera a plantearse, sobre todo si la justicia ordinaria despliega todo su potencial preventivo.
El diseño organizativo de la autoridad también es discutible, a juicio de Fedea, porque «opta por centralizar la regulación de la conducta pero mantiene la supervisión prudencial en tres organismos especializados. Puede así acabar padeciendo los vicios de captura, descoordinación y deseconomías de escala propios de ambos modelos, centralizados y especializados».
«De incurrir en los costes que entraña una reforma de este calibre, pudiera ser preferible que la supervisión prudencial de la solvencia estuviera encomendada al Banco de España y la CNMV se encargara de todo lo relacionado con la conducta, en ambos casos para todo tipo de entidades financieras», señala el artículo.
INDEPENDENCIA
Fedea también observa que el éxito de estos sistemas de vigilancia depende de que se asegure una independencia efectiva del regulador, y en este caso, «parece dudoso si la propuesta supone un avance o, más bien, un retroceso, pues el proyecto de ley no concreta aspectos esenciales, relativos al nombramiento de los altos cargos responsables, de los consejeros electos y de los cargos directivos». Fedea también echa de menos una mayor supervisión parlamentaria.
Por otro lado, el artículo remarca que a diferencia del régimen vigente, las resoluciones serán vinculantes para las entidades en ciertas reclamaciones inferiores a 20.000 euros o de cuantía indeterminada. No obstante, las partes seguirán teniendo libertad para recurrir estos asuntos de baja cuantía en la jurisdicción contencioso-administrativa.
Para el profesor Arruñada, esta posibilidad de recurso judicial compromete el objetivo de eficacia y celeridad, por lo que pudiera ser más eficaz un sistema de autorregulación en el que las entidades adheridas se comprometiesen a cumplir las resoluciones. También plantea el riesgo de que surjan contradicciones entre la jurisprudencia civil y contencioso-administrativa.
Por último, Fedea discrepa de que la autoridad se vaya a financiar fundamentalmente con una tasa de 250 euros que cobrará a cada entidad financiera por cada reclamación admitida a examen, con independencia de si la resolución resulta favorable o contraria a la entidad.
A su entender, cobrar a las entidades por la mera admisión las incentivaría a dar por buenas reclamaciones que se acabarían resolviendo en contra de los reclamantes, en especial cualquier disputa que pudiera ser admitida pero de cuantía inferior a esos 250 euros (casi la mitad en la banca) más el coste marginal que conlleve a la entidad el agotar el procedimiento.
Lo óptimo, desde el criterio de Fedea, sería que las tasas variasen en función del coste y beneficio social que ocasiona la resolución de cada conflicto.
