Pulsa «Intro» para saltar al contenido

La CNMC pide no dictaminar más sobre los contratos del fútbol televisado ya que «no nos hacen caso nunca»

– Cani Fernández contesta a Pallete que exigirán las mismas normas para ‘telecos’ y gigantes de Internet cuando esté la nueva legislación

MADRID, 28 (SERVIMEDIA)

La presidenta de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC), Cani Fernández, reclamó este lunes en el Foro de la Nueva Economía que a su organismo se le libere del mandato de tener que emitir un informe preceptivo sobre cada concurso de comercialización del fútbol televisado, a la vista de que los propietarios de esos derechos como LaLiga o la Federación Española de Fútbol «no nos hacen caso nunca».

El decreto regulador de esa comercialización de derechos exige a los tenedores de los derechos que soliciten a la CNMC un informe previo sobre las condiciones de esa venta de derechos. La comisión siempre viene pidiendo que esa duración no se alargue más de tres años, pero sin éxito, como ha ocurrido recientemente con LaLiga y la última adjudicación que ha hecho de las próximas temporadas de Primera y Segunda División. La patronal que dirige Javier Tebas ha desoído a Competencia amparándose en que es un pronunciamiento «no vinculante», y ha impuesto a las televisiones contratos de hasta cinco años.

Cani Fernández se mostró este lunes muy crítica con ese mandato de emisión de un informe preceptivo que le hace la legislación a su organismo y que luego cae en saco roto. «Hago una petición para que, por favor, liberen a la CNMC de tener que informar cada vez que hay un concurso de derechos del fútbol en el que decimos que no se concedan derechos de más de tres años, porque no nos hacen caso nunca», afirmó Fernández durante su intervención en la tribuna que organiza Nueva Economía Fórum.

«Con los medios que tengo, tener que hacer informes para que luego no se sigan, mejor quítenme esa competencia, que tengo muchas otras cosas que hacer. Son muchísimas hora de trabajo y de seriedad, y luego la Liga y la Federación o quien sea hace lo que quiere con sus derechos y ya nos obligan a actuar», se quejó Fernández.

«Como ya saben lo que opinamos en materia de derechos de fútbol, porque tenemos un cuerpo de doctrina suficientemente amplio, casi nos saltamos el informe y nos vamos directamente a los procedimientos de infracción, que sería bastante más eficiente», añadió la presidenta de la CNMC, que garantizó que, pese a este lamento, su comisión actúa en este ámbito siempre que detecta abuso de posición.

PLATAFORMAS

Por otra parte, a la presidenta de la CNMC se le preguntó por las recientes palabras del presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, que dijo que Competencia «ya está tardando» en hacer realidad esa defensa que hace de un escenario justo de competencia con reglas equivalentes para los operadores tradicionales de telecomunicaciones y los gigantes mundiales de Internet.

«Cuando me preguntan cuándo vamos a empezar a equilibrar obligaciones, digo que habrá que esperar a que la ley nos lo mande, todavía no estamos allí», señaló Cani Fernández, que se remitió a la próxima entrada en vigor del nuevo marco europeo de mercados digitales y de la nueva ley española de telecomunicaciones.

De esta última afirmó que «prevé equilibrar las obligaciones del desarrollador de infraestructura de red, Telefónica, y de los operadores que prestar servicios sobre esa red». «La legislación va a llegar y es cierto que el que desarrolla la infraestructura va a tener que ser compensado de alguna manera por quien utiliza esa infraestructura para prestar servicios», subrayó.

Sobre si sería necesario cambiar las obligaciones a un hipotético nuevo operador de telecomunicaciones dominante en España que superara en clientes a Telefónica si cuajan negociaciones de fusión como las que están abiertas entre Orange y MásMóvil, explicó que efectivamente se modificarían esas exigencias al nuevo operador dominante.

«Se revisarían, sí, porque la legislación es asimétrica, y establece que cuando hay un operador dominante, se le imponga una obligación de acceso, con la finalidad de que, aguas abajo, haya suficiente competencia y tengamos varios prestadores de servicio, sea cual sea el operador dominante», concluyó.