MADRID, 06 (SERVIMEDIA)
La Asociación Española del Gas (Sedigas) señaló este viernes que la Directiva europea recientemente aprobada «no prohíbe, en ningún caso, las calderas de gas ni establece la obligatoriedad de sustituirlas por bombas de calor».
Según la asociación que agrupa al sector del gas, se han difundido «algunas informaciones erróneas o inexactas» a raíz de la publicación de la Directiva refundida de Eficiencia Energética (UE) 2023/1791.
Por ello, subrayó que la directiva, publicada el 20 de septiembre en el Diario Oficial de la Unión Europea y que establece un plazo de dos años para su transposición, indica que a partir del 1 de enero de 2026 no se permitirán «nuevas medidas de eficiencia energética que contemplen el uso directo de combustibles fósiles, ni subsidios para su uso en edificios residenciales».
Para Sedigas, la norma pone límites «a cualquier tipo de subvención o ayuda directa en el ámbito de la eficiencia energética para la adquisición o renovación de esas tecnologías en los edificios de viviendas, pero no a su instalación».
Además, señaló que una eventual prohibición de las calderas de gas tendría «un efecto adverso en la transición energética dadas las dificultades de algunos hogares para acceder a otras opciones de calefacción renovable debido a limitaciones financieras y técnicas». En consecuencia, podrían verse «animados a seguir utilizando aparatos que funcionan con combustibles intensivos en carbono el mayor tiempo posible».
La asociación, además, explicó que fiarlo todo a las bombas de calor «va en contra de la idea de una transición justa, al resultar económicamente poco realista para muchas familias». Sedigas menciona un estudio, que apunta que el cambio completo de instalación por bomba puede alcanzar el 50% de la renta media anual de un hogar español y una encuesta en la ocho de cada 10 españoles se muestran muy o bastante preocupados por el gasto que supondría.
Así, señaló que, según esa encuesta, casi el 70% de los hogares invertiría en ello un máximo de 1.500 euros y sólo el 8% destinaría más de 3.000 euros, mientras que la OCU tasaba el coste de las bombas de calor aerotérmicas en la horquilla entre 3.600 y 12.700 euros, a los que sumar el coste de la instalación, de entre 2.000 y 8.000 euros.
CALDERAS DE CONDENSACIÓN
Segidas, por el contrario, destacó que las calderas de condensación de «alta eficiencia» son una «solución para la descarbonización», por lo que es «preciso» desterrar la «falsa percepción de que solo existe una forma de descarbonizar la calefacción de los hogares, a la que se suma la dicotomía interesada e inexacta entre bombas de calor y gases renovables, biometano o hidrógeno renovable».
Así, aseguró que la bomba de calor individualizada «no permite alcanzar el cumplimiento con los objetivos de descarbonización» propuestos por Bruselas. De hecho, indicó que la utilización de las bombas de calor en momentos del día en que la generación renovable no satisface la demanda «implica el uso de fuentes de energía más contaminantes para su suministro».
Asimismo, apuntó que las mismas calderas actuales son «perfectamente compatibles con gases renovables como el biometano y con hasta un 20% de hidrógeno renovable» y recalcó que el carácter renovable del sistema de calefacción «no depende de la tecnología, sino del combustible».
