MADRID, 29 (SERVIMEDIA)
La Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados aprobó este martes, por unanimidad y con la incorporación de una enmienda transaccional acordada entre el PSOE y el PP, una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista para instar al Gobierno a aumentar las inspecciones a las empresas que sigan usando los teléfonos 901 y 902 para la atención al cliente.
También respaldó las iniciativas del PSOE para reducir el despilfarro alimentario y de Unidas Podemos para garantizar el acceso al agua potable en España.
En su turno de defensa de la iniciativa sobre los teléfonos de atención al cliente, el portavoz socialista, José Ramón Ortega, defendió que «no era razonable que al consumidor se le cobrara en sus relaciones con las empresas con las que tiene contrato o que se le cobrara directamente por reclamar».
«Era, incluso, un abuso y una manera de evitar las reclamaciones que a los consumidores se les obligara a un sobrecoste con números 902 y 901, que quedan fuera de las tarifas habituales y de las tarifas planas que la mayoría de los consumidores tienen», añadió, para justificar que, por esa razón, el Ministerio de Consumo aprobó en diciembre de 2020 una norma que obliga a compañías de servicios básicos de interés general a disponer de un teléfono gratuito de atención al cliente.
En este punto, criticó que, en 2019, las líneas 902 «les habían costado a los consumidores unos 99 millones de euros en llamadas», si bien admitió que, a pesar del «cambio» introducido por el Ejecutivo en 2020, las asociaciones de consumidores «vienen denunciando reiteradamente a diferentes empresas que siguen sin cumplirlo».
De ahí esa «llamada de atención» que supone la iniciativa socialista a las administraciones competentes en materia de inspección y para «acelerar ese proceso de implantación de esta norma». «Del mismo modo, se ha de avanzar en facilitar este contacto telefónico sin costes adicionales entre administración y consumidores», agregó, para señalar que, «si era lógico para las empresas, parece lógico también que las administraciones vayan planteándose el eliminar sobrecostes en su relación con los administrados».
Así, emplazó a que también en el caso de las administraciones y, pese a que no están obligadas a ello, «se vaya haciendo norma lo que debería de ser razonable, que es que, si las empresas están obligadas a no añadir sobrecostes en sus relaciones telefónicas, tampoco las administraciones». Por ello, urgió a estas últimas a «responder intensificando las campañas de inspección y de información a los consumidores».
ENMIENDAS
Con respecto a las enmiendas presentadas, lamentó que Vox urja a establecer «unos plazos muy estrictos de tres meses» para que las administraciones «cambien estos números por números gratuitos». «No nos parece que sea la manera de llevar a efecto, de una manera tan estricta en solo tres meses, algo que no es ni siquiera obligatorio y algo que también compete a las comunidades autónomas», añadió, para reclamar «sensibilidad y respeto a los ámbitos de cada uno».
En el turno de defensa de dichas enmiendas, por el Grupo Parlamentario Popular, la diputada Elena Castillo defendió que la propuesta socialista es «una demanda razonable, real y necesaria del ciudadano» porque «insta a su socio de gobierno a solucionar problemas reales como los abusos tarifarios a los españoles de los teléfonos para prestar el servicio de atención al cliente».
«Con la tormenta que está cayendo, es importante solucionar estos pequeños detalles que afectan al ciudadano y, si es con el consenso de todos los que les representamos, mucho mejor», abundó, para advertir de que este «problema» ya se puso «en evidencia» en los últimos informes del Defensor del Pueblo en su «radiografía de la realidad social de España».
«Las administraciones deben dar ejemplo eliminando esos sobrecostes, algo que se les exige a las empresas», apostilló, para defender que, por esta razón, el PP ha «enmendado» esta iniciativa socialista con el fin de solicitar que se «habilite» en las administraciones territoriales «de toda índole», así como en los diferentes organismos públicos dependientes de las mismas, esos números de teléfono para hacerlos gratuitos o con prefijo provincial.
Además, coincidió con el PSOE en la necesidad de poner en marcha campañas informativas y divulgativas dirigidas a consumidores y usuarios para que dispongan de información «actualizada» sobre esos teléfonos, pero «con especial atención» en servicios de carácter básico de interés general, además de «intensificar» las campañas de inspección.
Por su parte, el diputado de Vox Andrés Alberto Rodríguez lamentó que el PSOE presentase una iniciativa para «instar a este Gobierno social comunista a cumplir la legalidad vigente» y denunció que los socialistas «no quieran aceptar nada de lo que propone Vox» a pesar de que, en este caso, su enmienda «mejoraría sustancialmente su iniciativa».
UNIDAS PODEMOS
En el turno de fijación de posiciones, la diputada de Unidas Podemos Laura López destacó el inicio de la tramitación parlamentaria de la Ley de Servicios de Atención al Cliente, cuando en anteriores legislaturas «otros partidos se han dejado convencer por los intereses de las multinacionales» y han frenado la que juzgó «tan necesaria ley para proteger a los consumidores».
Con respecto a la futura norma, puntualizó que prevé el reforzamiento de otros derechos a los consumidores, como la atención presencial, la separación de los servicios comerciales de atención al cliente y la garantía de que sean «servicios evaluables y con formación especializada a las personas que trabajen en estos servicios».
Por todo ello, anunció su apoyo a la iniciativa del PSOE al entender que «va en la línea de lo que ya se está haciendo en el Ministerio de Consumo y de lo que piensa Unidas Podemos».
La Comisión de Sanidad y Consumo de la Cámara Baja también aprobó, por 20 votos a favor, cinco en contra y nueve abstenciones, una proposición no de ley del PSOE para reducir el despilfarro alimentario y, con 18 votos a favor, siete en contra y nueve abstenciones, otra de Unidas Podemos instando al Gobierno a reconocer el derecho al acceso al agua potable y saneamiento.
