El Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha ratificado en 2021 hasta seis inhabilitaciones para el ejercicio de la actividad de comercialización en el mercado eléctrico por el incumplimiento del adelanto de las garantías necesarias para participar en el ‘pool’.
Las últimas compañías inhabilitadas han sido Vive Energía y Luvon, cuyos respectivos procedimientos se cerraron el pasado 31 de diciembre cuando el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó la orden. Así, se sumaron a Another Energy Option, Secom Central, Iberred Solutions, Tesla Management, que fueron notificadas de la confirmación de su inhabilitación entre junio y noviembre.
Todos los clientes de estas compañías han sido traspasados a un comercializador de referencia, es decir, a EDP, Endesa, Iberdrola, Grupo CHC, Naturgy, Repsol o Teramelcor.
Visalia, Mi Eléctrica SL y On Demand Facilites también estuvieron pendientes de la resolución de sus respectivos procedimientos hasta el último día del año, cuando el BOE publicó la finalización del expediente y el archivo del mismo.
Visalia quiso destacar ante este hecho que es “uno de los grupos energéticos de mayor crecimiento en el último año según diversos ranking publicados” y que en 2021 ha incorporado al grupo a Watium. Por eso, “prevé tanto un cierre positivo en 2021 como un importante crecimiento en 2022”.
Cabe recordar que la subida de los precios de la electricidad ha puesto en riesgo de insolvencia a múltiples comercializadoras, ya que deben presentar obligaciones económicas por adelantado para garantizar que harán frente a las cantidades debidas al Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE) y Red Eléctrica de España (REE).
Hasta noviembre, las comercializadoras debían presentar tres meses de garantías económicas por adelantado. Pero, ante la escalada de los precios de la electricidad –que han llegado a multiplicarse por cinco, según el mes–, muchas compañías solventes se encontraron en una situación comprometida, ya que no contaban con los recursos suficientes para hacer frente a esta subida de los precios, que repercutía directamente en el importe de las obligaciones económicas que debían presentar.
En esta coyuntura, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) aprobó modificar las reglas de funcionamiento del mercado eléctrico para introducir un mecanismo de pago anticipado de las liquidaciones y reducir el adelanto de las obligaciones económicas a solo un mes. El regulador pretendía así evitar la avalancha de quiebras sucedida en Reino Unido y Francia.
Sin embargo, el número de inhabilitaciones se ha duplicado en 2021 en comparación con el ejercicio precedente, cuando el Ejecutivo solo inhabilitó a tres comercializadoras: Enerkia Energía, Elurenergía Verde y Stagioni Energía Renovables. No obstante, la cifra es inferior a la registrada en 2019, cuando el Gobierno inhabilitó a hasta ocho comercializadoras de electricidad por los mismos motivos.
Fuentes del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico aseguraron a Servimedia el pasado mes de octubre que las inhabilitaciones de estas seis comercializadoras se consumaron con la subida de los precios de la luz, pero matizaron que ésta no fue la razón de su inhabilitación, sino que simplemente agravó los problemas financieros que dichas compañías ya arrastraban desde meses antes de que se iniciase la subida de los precios de la luz.
(SERVIMEDIA)
