MADRID, 28 (SERVIMEDIA)
El real decreto-ley con nuevas medidas anticrisis recoge la prórroga del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de 2022 de 1.000 euros mensuales «durante el periodo necesario para garantizar la continuidad de los trabajos de la mesa de diálogo social en la búsqueda, un año más, de un incremento pactado del salario mínimo interprofesional».
Así lo recoge el citado decreto-ley de medidas para enfrentar el impacto de la inflación que se publicó este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y que entra en vigor hoy mismo.
La norma recoge la prórroga desde el 1 de enero de 2023 del decreto del pasado mes de febrero en el que se fijó el SMI en 1.000 euros mensuales por 14 pagas, entonces con el acuerdo de los sindicatos y sin la patronal.
De esta manera, se extiende el SMI actual para «garantizar la efectiva participación de los agentes sociales en la fijación del salario mínimo interprofesional, en un contexto social y económico de especial dificultad, dando así continuidad a la senda de crecimiento de esta variable en cumplimiento de los compromisos asumidos en el ámbito europeo e internacional».
El Gobierno justifica que «concurren razones de extraordinaria y urgente necesidad que hacen ineludible mantener transitoriamente su vigencia a partir del 1 de enero» y con su prórroga «se garantiza de este modo la seguridad jurídica».
Según fija el Estatuto de los Trabajadores, el Ejecutivo debe consultar a los agentes sociales y tener en cuenta el Índice de Precios de Consumo (IPC), la productividad media nacional, el incremento de la participación del trabajo en la renta nacional y la coyuntura económica general.
El Gobierno y los agentes sociales están negociando la nueva subida para la que la patronal ha propuesto situarlo en 1.040 euros mensuales y los sindicatos apuestan por llevarlo a entre 1.080 y 1.100 euros. Mientras, el comité de expertos que asesora al Gobierno en esta materia ha definido una horquilla entre los 1.046 y los 1.082 euros para que suponga el 60% del salario medio en 2023 como pretende el Gobierno.
En el decreto-ley de hoy también se prorrogan «las medidas de acompañamiento precisas para asegurar la protección social, evitando despidos y destrucción de puestos de trabajo en dichas circunstancias extraordinarias, temporales y urgentes». Así, adapta al nuevo periodo de apoyo público que se extiende hasta el 30 de junio de 2023 las medidas en el ámbito laboral de apoyo a los trabajadores de forma que las empresas beneficiarias de las ayudas directas no podrán justificar despidos objetivos basados en el aumento de los costes energéticos, las empresas que se acojan a las medidas de reducción de jornada o suspensión de contratos por causas relacionadas con la invasión de Ucrania y que se beneficien de apoyo público no podrán utilizar estas causas para realizar despidos.
En la rueda de prensa para hacer balance de la reforma laboral, la vicepresidenta Yolanda Díaz confirmó que las negociaciones continuarán cuando empiece el año y la nueva cuantía que se apruebe será con carácter retroactivo.
