Pulsa «Intro» para saltar al contenido

El Gobierno ultima una oferta de empleo público que supera las 30.000 plazas

– Se espera que el Gobierno apruebe este martes en Consejo de Ministros el acuerdo suscrito con UGT y CSIF

– CCOO, en cambio, rechaza firmar el acuerdo y reprocha a Hacienda la falta de datos

MADRID, 10 (SERVIMEDIA)

El Gobierno planteó este lunes a los sindicatos una Oferta de Empleo Público (OEP) para 2023 de más de 30.000 plazas para la Administración General del Estado (AGE), un 20% más que la del año pasado, lo que supone un nuevo récord.

Así lo avanzaron fuentes sindicales a Servimedia, que indicaron que la convocatoria incluirá puestos de ingreso libre y de promoción interna. La intención del Gobierno, según las fuentes citadas, es aprobar este martes la oferta en Consejo de Ministros, pero desde el Ministerio de Hacienda declinaron confirmar esta información. De ser cierta, la OEP se aprobaría en plena campaña electoral y a apenas 12 días de las elecciones generales.

La cartera dirigida por María Jesús Montero tampoco ha detallado aún la cifra concreta de la convocatoria ni el desglose por cuerpos. Esta decisión, de hecho, ha provocado que CCOO no firmarse el acuerdo tendido a los sindicatos en la reunión de este lunes, que UGT y CSIF sí han suscrito.

A falta de conocer los datos finales, se espera que, con las tasas de reposición, la oferta de empleo público podría situarse en torno a las 50.000 plazas. En este sentido, desde los sindicatos recordaron que la oferta ordinaria de 2022 incluyó 24.600 empleos públicos: 12.339 de ingreso libre y 9.261 de promoción interna.

Con respecto a la OPE de 2023, las organizaciones sindicales desvelaron también que el Gobierno se ha comprometido a destinar 2.500 plazas a Seguridad Social para la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV). Cabe recordar que los sindicatos desconvocaron una huelga en este organismo hace dos meses después de que el Ejecutivo se comprometiese a llevar a cabo un refuerzo de personal.

A las 30.000 plazas acordadas con dos de los tres sindicatos más representativos de la AGE, habrá que sumarle el refuerzo en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, así como las convocatorias de estabilización, que, en caso de producirse, se tendrán que aprobar en otros reales decretos.

TEMPORALIDAD POR DEBAJO DEL 8%

Según los sindicatos, la oferta de empleo público destinará a la promoción interna al menos el 30% de las plazas ofertadas para el turno libre. Asimismo, impulsará «procesos» que «ayuden a consolidar» la tasa de temporalidad por debajo del 8% para el 31 de diciembre de 2024, según UGT.

Las convocatorias de los procesos selectivos previstos en la oferta de empleo público para 2023 deberán publicarse antes del 31 de diciembre de 2023, «salvo causa justificada que acredite su imposibilidad».

Por último, el Gobierno se compromete a incrementar en más de un 30% la oferta para los funcionarios de los grupos C1 y C2, según CSIF.

CCOO NO FIRMA

Desde UGT y CSIF celebraron el acuerdo tras su firma, mientras que CCOO se quejó de la falta de transparencia de Hacienda y explicó su decisión de no ratificar el pacto en «la falta de datos constante durante el proceso de negociación».

«No se nos ha facilitado el número de bajas durante el año 2022, por lo que es imposible conocer sobre qué volumen de empleo se deben aplicar las tasas de reposición. Tampoco se concreta el número de puestos que incluirá en la OEP, ni su desglose entre ingreso libre y promoción interna, ni grupos, ni cuerpos, ni detalle de cuerpos generales», señala el sindicato en un comunicado.

«El acuerdo se limita a señalar que será un 20% superior a la OEP 2022 para la AGE, que fue de 24.600 plazas. Por tanto, debe situarse en torno a los 30.000 puestos. CCOO advierte de que este incremento no es real, ya que solo obedece a que el número de bajas en 2022 creció un 20% respecto a 2021, y por tanto la relación entre bajas y oferta se mantiene de manera lineal», añade el escrito, que avisa de que no se establecen medidas dirigidas a garantizar la creación de empleo público neto, ni a fomentar la promoción interna y la carrera profesional del personal público.