– Todavía no se conocen las resoluciones de Acciona, Dragados y FCC
MADRID, 18 (SERVIMEDIA)
La Audiencia Nacional ha suspendido hasta la fecha de manera cautelar tres multas por un valor total de 76,7 millones de euros a Ferrovial, OHLA y Sacyr correspondientes a la multa impuesta en julio por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por un importe de 203,6 millones de euros, la más alta de su historia.
En diversas resoluciones, la justicia ha levantado tanto la multa económica como la prohibición de las compañías a contratar con la administración pública hasta que haya una sentencia final.
La CNMC hizo pública el pasado 8 de julio la sanción a seis de las constructoras más grandes del país -Acciona Construcción, Dragados (ACS), FCC Construcción, Ferrovial Construcción, OHLA y Sacyr Construcción-. Todas anunciaron que interpondrían un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional.
La primera resolución llegó en el mes de octubre, cuando la Audiencia Nacional suspendió la multa de 21,5 millones a OHLA. En noviembre, hizo lo propio con la multa de 16,7 millones de Sacyr Construcción y, finalmente, la semana pasada paralizó la multa de 38,5 millones de Ferrovial Construcción.
Todavía quedan por conocerse las resoluciones de los recursos de las multas a Acciona (29,4 millones de euros), ACS (57,1 millones) y FCC (40,4 millones), siendo estas dos últimas las de mayor cuantía.
Según el comunicado de la CNMC el grupo de empresas alteró durante más de 25 años el proceso competitivo de «miles» de licitaciones públicas de construcción de infraestructuras, constituyendo prácticas cuyos efectos han sido «especialmente dañinos para la sociedad, ya que afectaron a miles de concursos convocados por administraciones públicas españolas» para la construcción y edificación de infraestructuras como hospitales, puertos y aeropuertos, carreteras, etc.
Competencia explicó que, desde 1992, el grupo se reunía semanalmente para analizar las licitaciones de obra pública que se habían publicado en diferentes plataformas de contratación del Estado. En las reuniones, las empresas decidían los concursos en que iban a compartir -entre todas o en un subgrupo- una parte o la totalidad de los trabajos que compondrían las ofertas técnicas de las licitaciones. Los trabajos se encargaban conjuntamente por los miembros del grupo a empresas externas.
Además, en los encuentros semanales, según la CNMC, las empresas intercambiaban información comercial sensible (diferente de la necesaria para compartir los trabajos), por ejemplo, su intención de concurrir o no a licitaciones, o la intención de formar UTE o Unión Temporal de Empresas y los miembros que las integrarían.
CRÍTICAS DESDE LA PATRONAL
Desde la patronal de las grandes constructoras, Seopan, cargaron tras el anuncio de la multa contra el organismo por su «falta de rigor», ya que «prescinde de los necesarios elementos de prueba, basándose en meras apreciaciones subjetivas, opiniones o sospechas, que vulneran el derecho de las empresas a la presunción de inocencia; incurre en error al valorar equivocadamente las conductas investigadas como prácticas colusorias, y vulnera el principio de proporcionalidad al imponer unas sanciones manifiestamente desproporcionadas».
Para Seopan, sorprende en concreto que la nota de prensa en la que se anuncia su resolución «induzca a pensar que ha podido existir un cártel de empresas», cuando en la propia resolución se reconoce que no se ha producido ningún acuerdo sobre fijación de precios o de reparto del mercado.
Por otro lado, subrayó que la afirmación contenida en la resolución de que se ha producido una vulneración de la legislación de contratación pública es «incierta». A su entender, la CNMC realiza «una interpretación sesgada de algunos artículos de la Ley de Contratos del Sector Público». «La práctica de reducción de costes antes mencionada ha beneficiado de forma lícita a miles de licitaciones, sin que se tenga constancia de un solo caso en el que la oferta haya sido rechazada, objetada o de alguna forma considerada irregular por alguna de las Administraciones involucradas», destacó la patronal.
