El sistema público de pensiones en España contempla varias formas de acceder a la jubilación. Aunque la modalidad más conocida es la ordinaria, existen otras fórmulas que permiten adelantar el retiro, compatibilizar la pensión con un empleo o retrasar la salida del mercado laboral para mejorar la cuantía de la prestación.
Cada modalidad tiene requisitos propios de edad y cotización, pero también implicaciones directas sobre el cálculo de la pensión. En la mayoría de los casos, la base de la prestación se calcula a partir de las bases de cotización acumuladas a lo largo de la carrera laboral, aunque después pueden aplicarse reducciones o incentivos según la forma en que se acceda a la jubilación.
Jubilación ordinaria y anticipada: cuándo retirarse y cuánto se cobra
La jubilación ordinaria es la referencia del sistema. En la actualidad permite retirarse a los 65 años siempre que se haya cotizado al menos 38 años y 3 meses. Quienes no alcancen ese periodo deben esperar a la edad legal general, que actualmente se sitúa cerca de los 67 años. En esta modalidad el objetivo es alcanzar el 100% de la pensión contributiva, siempre dentro de los límites máximos establecidos por la Seguridad Social.
Para calcular la pensión se utiliza la base reguladora, que se obtiene a partir de la media de las bases de cotización de los últimos años trabajados.
Actualmente el sistema permite calcularla tomando los últimos 25 años de cotización o, alternativamente, los mejores 27 años dentro de los últimos 29, descartando los dos peores periodos.
La Seguridad Social aplica automáticamente el cálculo que resulte más favorable para el trabajador. Una vez obtenida la base reguladora, se aplica un porcentaje en función de los años cotizados, que aumenta progresivamente hasta alcanzar el 100% en carreras largas de cotización.
Frente a esta modalidad está la jubilación anticipada voluntaria, que permite adelantar el retiro hasta dos años respecto a la edad legal siempre que se cumplan determinados requisitos. El principal es haber cotizado al menos 35 años. En otros supuestos de jubilación anticipada vinculados a situaciones de despido o reestructuración empresarial se exige un mínimo de 33 años cotizados, aunque se trata de un régimen diferente.
El cálculo inicial de la base reguladora se realiza exactamente igual que en la jubilación ordinaria, pero la cuantía final se reduce mediante coeficientes reductores aplicados por cada trimestre o mes de adelanto respecto a la edad legal. Estas reducciones son permanentes y dependen tanto del tiempo adelantado como del total de años cotizados. El objetivo de esta modalidad es facilitar el acceso anticipado a la jubilación, aunque a cambio de asumir una pensión menor durante toda la etapa de retiro.
Jubilación parcial, activa, flexible y demorada
Más allá de la jubilación ordinaria o anticipada, el sistema contempla modalidades que permiten adaptar el final de la vida laboral a distintas situaciones.
Una de ellas es la jubilación parcial, que permite comenzar a cobrar una parte de la pensión mientras se continúa trabajando con una jornada reducida. En muchos casos se vincula a un contrato de relevo, mediante el cual otro trabajador ocupa la parte de jornada que deja libre el empleado que inicia la transición hacia la jubilación.
La base de la pensión se calcula como en la jubilación ordinaria, pero la cantidad que se percibe depende del porcentaje de jornada que se haya reducido.
Otra modalidad es la jubilación activa, diseñada para quienes ya han alcanzado la edad ordinaria y desean seguir trabajando. En este caso la pensión se reconoce de forma completa según el cálculo habitual, pero mientras se compatibiliza con el empleo normalmente solo se percibe el 50% de la cuantía. Durante este periodo se continúa cotizando a la Seguridad Social mediante una cotización especial que no aumenta la pensión futura, pero permite mantener la actividad profesional sin renunciar totalmente a la prestación.
La jubilación flexible funciona de forma inversa. Se produce cuando una persona que ya está jubilada decide reincorporarse al mercado laboral mediante un contrato a tiempo parcial. En ese momento la pensión se reduce proporcionalmente a la jornada trabajada. Sin embargo, las nuevas cotizaciones realizadas durante ese periodo pueden servir para recalcular la prestación cuando finaliza la actividad laboral, lo que en algunos casos permite mejorar ligeramente la pensión definitiva.
Por último, existe la jubilación demorada, que consiste en retrasar voluntariamente el retiro más allá de la edad ordinaria. En esta modalidad la base reguladora se calcula de la misma manera que en la jubilación ordinaria, pero el trabajador recibe incentivos por cada año adicional trabajado.
Estos incentivos pueden materializarse como un aumento porcentual de la pensión, un pago único o una combinación de ambas fórmulas. El objetivo es recompensar a quienes prolongan su carrera laboral y, al mismo tiempo, aumentar la cuantía de la pensión que percibirán durante su jubilación.
Las cifras del empleo sénior en España
La evolución del empleo entre los trabajadores de mayor edad ayuda a entender por qué el sistema de pensiones ha ido incorporando modalidades como la jubilación activa o la demorada.
España tiene cada vez más población sénior trabajando o intentando mantenerse en el mercado laboral.
Según los últimos informes sobre talento sénior, las personas mayores de 55 años ya representan alrededor del 20,5% de la población activa, tras un crecimiento sostenido en los últimos años.
Entre 2019 y 2024, el número de trabajadores de esta edad aumentó en casi 1,2 millones, lo que refleja el progresivo envejecimiento del mercado laboral y el retraso en la salida definitiva del empleo.
La tasa de actividad de este grupo también ha superado por primera vez el 50%, lo que significa que cada vez más personas entre 55 y 64 años siguen trabajando o buscando empleo. En términos de ocupación, más de 6 de cada 10 personas en ese tramo de edad tienen empleo, según datos comparables europeos.
Sin embargo, el colectivo también enfrenta dificultades específicas.
En 2025 la tasa de paro de los mayores de 55 años se situó en el 9,8%, incluso ligeramente por encima de la del grupo central de trabajadores entre 25 y 54 años, algo que supone un cambio de tendencia respecto a décadas anteriores.
