España no progresa en la lucha contra la corrupción

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La calificación de España en el ‘Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2021’, que publica hoy Transparency International, ha supuesto la bajada de un punto en relación con el año pasado, obteniendo en esta ocasión un 61/100.

Con esta calificación, España ocupa la posición 34/180 del ranking global del IPC, junto con Lituania. Esto supone un descenso de dos puestos con respecto al IPC2020. Por otro lado, España se ubica en el puesto número 14/27 de la Unión Europea, bajando, asimismo, dos posiciones con respecto al año pasado.

De acuerdo con la metodología utilizada en el IPC, una diferencia de un punto en un año, como el que ha bajado España en 2021, no es estadísticamente significativa. Sin embargo, sí que refleja que sigue latente en España un nivel de corrupción que incide en el buen funcionamiento de las instituciones democráticas, y que requiere una llamada a la acción a las autoridades públicas, al sector privado y a la sociedad civil.

A nivel comparativo, el informe refleja que España ha empeorado en relación con varios países con los que compartía una puntuación y posición similar en ediciones anteriores.

Así, varios de los países que en 2020 se situaban por debajo de España en el ranking (Portugal, Lituania, Corea del Sur), ahora superan a nuestro país, y aquellos que tenían puntuaciones superiores pero que sin embargo se encontraban cercanos en el ranking, este año se han alejado (Barbados, Bahamas, Catar).

Finalmente, aquellos países que se encontraban muy por debajo de la posición española, han reducido su diferencia significativamente (Israel, Letonia, San Vicente y las Granadinas, Cabo Verde), quedando ahora muy cerca de España.

En el contexto de la Unión Europea, y también a nivel comparativo, España ha sido adelantada por dos países con los que siempre ha mantenido una relación pareja: Lituania y Portugal.

En cualquier caso, Transparency International España considera que una economía como la española, que se sitúa entre las 15 primeras del mundo, no debería estar por debajo de los 70 puntos en el Índice de Percepción si quiere mantener su imagen y competitividad.

Por eso, este año TI-España señala una vez más que reducir la corrupción es fundamental para garantizar la integridad política y el buen funcionamiento de las instituciones democráticas.

CAMBIOS

El IPC 2021 indica que los niveles de corrupción se encuentran estancados a nivel mundial, con escaso o ningún progreso en el 86% de los países evaluados en los últimos diez años.

Este índice clasifica 180 países y territorios según el nivel de percepción experta de la corrupción en el sector público de cada uno, medido a través de datos de 13 fuentes externas, en una escala de cero (muy corruptos) a cien (muy limpios), en la que solo se miden los siguientes aspectos: soborno, desvío de fondos públicos (malversación), preponderancia de funcionarios públicos que utilizan la función pública para el provecho personal, funcionamiento de las instituciones públicas para prevenir la corrupción y hacer cumplir las normas, la existencia de exceso de burocratización que permitan incrementar las oportunidades de corrupción, formas de acceso a la función pública y existencia de nepotismo, enjuiciamiento efectivo de funcionarios, protección legal de denunciantes, periodistas e investigadores, captura del Estado por intereses privados y acceso de la sociedad civil a la información sobre asuntos públicos.

La puntuación media global se mantiene en 43 puntos por décimo año consecutivo y dos tercios de los países no llegan a 50/100.

A la cabeza se sitúan Dinamarca (88), Finlandia (88) y Nueva Zelanda (88). Estos tres países también se encuentran entre los diez mejor puntuados en cuanto a libertades civiles según el informe ‘Democracy Index’.

Somalia (13), Siria (13) y Sudán del Sur (11) obtienen de nuevo las puntuaciones más bajas del índice. Siria es también el último país en materia de libertades civiles (Somalia y Sudán del sur no están calificados). 27 países, como Chipre (53), Líbano (24) y Honduras (23) han obtenido las puntuaciones más bajas.

En la última década, 154 países han sufrido un deterioro o no han avanzado sustancialmente. Desde 2012, 23 países han decaído en el índice, entre ellos algunas economías avanzadas como Australia (73), Canadá (74) y Estados Unidos (67). Este último ha dejado de estar entre los 25 países mejor calificados por primera vez. Además, 25 países han mejorado significativamente sus puntuaciones, como Estonia (74), Seychelles (70) y Armenia (49).

CORRUPCIÓN

Al tiempo que la lucha contra la corrupción se estanca y deteriora, los derechos humanos y la democracia están siendo atacados. El trabajo alerta de que no se trata de una coincidencia y de que si “los gobiernos continúan utilizando la pandemia de covid-19 para erosionar los derechos humanos y la democracia”, la corrupción podría empeorar a mayor velocidad.

De los 23 países cuya puntuación ha caído significativamente desde 2012, 19 también han perdido puntos en cuestión de libertades civiles. Además, de los 331 casos registrados de asesinatos de defensores de los derechos humanos en 2020, el 98% se produjeron en países con calificaciones por debajo de 45.

Delia Ferreira Rubio, presidenta de Transparency International, ha declarado que “los derechos humanos son más que algo deseable en la lucha contra la corrupción. Los modelos autoritarios destruyen los controles y contrapesos independientes y hacen que tomar acción contra la corrupción dependa de los caprichos de una élite. La única ruta sostenible hacia una sociedad libre de corrupción es asegurar que la población tenga la posibilidad de hablar libremente y trabajar colectivamente para pedir cuentas a aquellos en el poder”.

Transparency International identificó que los países que vulneran las libertades civiles obtienen de forma consistente puntuaciones más bajas en el índice. Conforme se erosionan los derechos y libertades y se debilita la democracia, el autoritarismo avanza, lo cual contribuye a aumentar aún más la corrupción.

Por ello, Transparencia Internacional reclama a los gobiernos a cumplir sus compromisos en materia de corrupción y derechos humanos y llama a la población del mundo entero a unirse y exigir el cambio.

En este sentido, Silvina Bacigalupo, presidenta de Transparency International España, ha manifestado que, “»la corrupción es un riesgo constante que impide la realización de los derechos fundamentales y erosiona las instituciones que velan por la garantía de los mismos también en Estados que consideran consolidados sus sistemas democráticos y que aparentemente no presentan problemas de protección de derechos humanos. Mitigar y controlar este riesgo que supone la corrupción no depende únicamente de los gobiernos, sino que es preciso un esfuerzo coordinado de todos los actores sociales, políticos y económicos».

Y ha concluido, durante la rueda de prensa que “es necesario replantearse el modelo actual de gobierno abierto. De poco nos sirven agendas muy ambiciosas y participativas si después no existe voluntad, capacidad y ejecución por parte de los Estados para poder cumplir sus compromisos. La agenda legislativa en España no puede esperar más y debe ser un compromiso político sin excepción para lograr avanzar”.

(SERVIMEDIA)