MADRID, 27 (SERVIMEDIA)
El sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) advirtió este lunes de que las directrices del Plan Anual de Control Tributario de 2023 «renuncian a perseguir los delitos fiscales, al no contemplar la recuperación de las competencias de los técnicos».
«Los técnicos de Hacienda perdieron el control sobre los expedientes en los casos de ‘especial dificultad sobrevenida’ a partir de 1999, es decir, dejaron de ser competentes cuando descubren una simulación, conflicto, fraude de ley o delito fiscal, a pesar de haberlos descubierto. Esa pérdida de competencias que venían desarrollando hizo que las denuncias a la Fiscalía por presuntos delitos contra la Hacienda pública cayeran año tras año hasta la fecha», denuncian en un comunicado, en el que afirman que las denuncias a la Fiscalía se desplomaron en un 82% durante la última década.
Por otro lado, aunque en la misma dirección, la organización lamenta que las directrices del plan no recojan un aumento de las plantillas hasta alcanzar la media de las administraciones tributarias europeas, lo que requeriría un aumento de unas 20.000 personas en trabajos relacionados con el control tributario.
Los técnicos de Hacienda dudan así de que se pueda potenciar la presencia en la calle del personal de inspección o de acelerar los intercambios de la lucha europea contra el fraude de IVA en las transacciones transfronterizas para la que se exige una mayor dotación de medios personales y tecnológicos.
Por último, Gestha destaca también que el control de la tenencia de criptomonedas seguirá en detrimento, en línea con el retraso en aprobar la modificación del reglamento que debería concretar las obligaciones de suministrar la información que establecía la ley antifraude.
No obstante, los técnicos reconocen algunas novedades positivas del Plan Anual de Control Tributario de 2023 como el control de la tenencia del software de doble contabilidad, de las plataformas de comercio electrónico, de las compras de artículos de lujo situadas en España o del uso de mansiones a través de sociedades opacas de Gibraltar o de jurisdicciones no cooperativas.
