Monitorizar las empresas para garantizar su funcionamiento es clave contra el fraude

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Desde hace ya tiempo, los gobiernos en la Unión Europea han puesto en marcha una serie de mecanismos que garanticen que las empresas cumplen con sus obligaciones fiscales.

Las compañías, tanto públicas como privadas, deben trabajar sus activos y pasivos de forma clara, transparente y, sobre todo, ajustándose a la legalidad vigente.

Y, ¿cómo se puede garantizar esto? Poniendo un Canal de denuncias al que puedan acudir en caso de tener indicios de que algo no se hace bien y donde el aval se basa en la Directiva Europea de Protección del Denunciante para garantizar toda la seguridad a quien se decide a denunciarlo.

Actualmente, es fácil encontrar empresas que se dediquen a, de forma anonimizada y con los más altos estándares de seguridad para la protección de datos, ofrecer este tipo de vías de denuncia para trabajadores y actores implicados.

Puede encontrarse más información en la web https://gpartners.es/, donde ofrecen asesoramiento en temas de canales éticos y compliance penal.

Para poder entender la relevancia de este tipo de Canal ético hace falta ir a las cifras: se estima que, solo en España, al año, a través de pequeños fraudes empresariales, dejan de recaudarse hasta 45.000 millones de euros. Una cifra que supondría, de recaudarse de forma habitual por la Administración, un desahogo para según qué partidas sociales.

Pese a que el Gobierno de España y las directrices de la Unión Europea se han ido diseñando nuevas formas de monitorización para evitar desvíos presupuestarios e incluso la fiscalidad en paraísos fiscales, aún queda mucho por recorrer.

Todo pasa por implicar también en el buen gobierno a los propios trabajadores, por quienes pasa cierta información y que pueden, también sufrir las consecuencias de las multas, con los recortes que eso podría conllevar.

Solo el año pasado, la Agencia Tributaria fue capaz de detectar más de 16.000 millones de euros de fraude, algo que sigue subiendo cada año precisamente por las inspecciones – auspiciadas en algunos casos por denuncias anónimas – y por la apertura de expedientes.

Es problema de todos y con la pandemia se ha visto quizá mucho más claramente: cada empresa que no hace las cosas bien acaba suponiendo un perjuicio para toda la sociedad.

Es cierto que la presión fiscal cada vez es mayor, pero es necesario la apuesta por empresas transparentes para garantizar la ejemplaridad que se las demanda.

Tal es el compromiso de los últimos gestores de la Agencia Tributaria y el Ministerio de Economía en la lucha contra el fraude que el cuerpo de inspectores es hoy más numeroso para dar respuesta a los indicios que les llegan vía informes o denuncias anónimas.

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