La historia de Pasapalabra en España es, en realidad, la historia de una guerra constante por los derechos televisivos.
Un formato aparentemente sencillo que, desde su llegada en el año 2000, ha estado marcado por disputas legales, cambios de cadena y conflictos empresariales que han condicionado su emisión.
Lo ocurrido ahora, con el fallo que obliga a Antena 3 a dejar de emitir El Rosco, no es una anomalía, sino el último capítulo de un conflicto que se arrastra desde su origen.
El concurso nace como adaptación del formato británico The Alphabet Game, propiedad de la productora ITV. Desde ese punto inicial ya se sembró la semilla del conflicto: el programa no era una creación completamente original en España, sino una adaptación con múltiples capas de derechos internacionales.
En su paso a Italia, el formato evolucionó incorporando una prueba final —la conocida “rueda final”, origen de El Rosco— cuyos derechos no pertenecían a ITV, sino a la empresa neerlandesa MC&F. Este detalle, aparentemente técnico, sería clave décadas después.
El éxito del formato en España
Cuando el formato aterriza en España en Antena 3, y posteriormente en Telecinco, estas complejidades legales quedaron en segundo plano frente al éxito de audiencia. Sin embargo, el conflicto sobre quién era realmente el propietario de cada parte del formato nunca desapareció, y con el paso del tiempo se convirtió en una disputa judicial abierta.
El primer gran estallido se produjo en 2019, cuando el Tribunal Supremo obligó a Mediaset a dejar de emitir el programa tras perder los derechos frente a ITV. Aquella decisión provocó la desaparición inmediata del concurso en Telecinco, evidenciando que el éxito televisivo no blindaba frente a los litigios internacionales.
Lejos de resolverse, el problema se trasladó. En 2020, Antena 3 recuperó Pasapalabra tras alcanzar un acuerdo con ITV, pero lo hizo sin tener completamente resuelta la cuestión de El Rosco. La prueba estrella seguía teniendo una titularidad discutida, lo que abrió la puerta a nuevas demandas.
Durante años, el programa convivió con ese litigio latente hasta que en 2022 la Audiencia Provincial de Barcelona dictaminó que El Rosco era una obra independiente, protegida por derechos de autor y perteneciente a MC&F. Aun así, el formato continuó emitiéndose mientras se recurría la sentencia.
El fallo definitivo llegó en mayo de 2026.
El Tribunal Supremo confirmó que Antena 3 no puede emitir El Rosco, al reconocer que sus derechos no forman parte del paquete adquirido a ITV y pertenecen a la empresa neerlandesa.
Este punto marca un antes y un después, ya que afecta directamente al núcleo del programa.
Las cifras de este fallo para las cadenas
El impacto económico de esta guerra es considerable y acumulativo. En el caso más reciente, Atresmedia deberá indemnizar con al menos 50.000 euros por el uso indebido de la prueba, una cifra simbólica en comparación con lo que está en juego en términos de audiencia y negocio.
Más significativo es el efecto indirecto.
Pasapalabra es uno de los formatos más vistos de la televisión española, con cifras cercanas a los 1,8 millones de espectadores y cuotas superiores al 20%.
La pérdida de su prueba más icónica compromete no solo el programa, sino el arrastre que genera sobre otros espacios, especialmente los informativos.
El conflicto también ha tenido consecuencias millonarias en otras etapas. Mediaset fue condenada a pagar 73 millones de euros a ITV por la explotación indebida del formato en su momento, lo que evidencia la magnitud económica del litigio.
Además, el nuevo escenario abre una batalla comercial. Mediaset ha adquirido los derechos de El Rosco a MC&F, lo que podría permitirle recuperar un elemento clave del formato o forzar nuevas negociaciones. Esto introduce un componente estratégico: no solo se trata de emitir o no un programa, sino de quién controla sus piezas esenciales.
Un conflicto que nunca se ha resuelto
El caso de Pasapalabra demuestra que los formatos televisivos internacionales son estructuras complejas, donde distintos elementos pueden tener propietarios distintos. La idea base, las pruebas concretas y las adaptaciones locales pueden estar fragmentadas en múltiples derechos, generando zonas grises legales.
En España, esa fragmentación ha derivado en una cadena de conflictos que se repiten con cada etapa del programa. Primero fue la disputa entre Mediaset e ITV, luego la pugna entre Atresmedia y MC&F, y ahora un nuevo escenario en el que los derechos vuelven a redistribuirse.
El fallo del Supremo no implica necesariamente la desaparición inmediata del programa, pero sí obliga a replantear su esencia. La cadena puede continuar emitiendo Pasapalabra, pero sin su prueba más reconocible o pagando por ella, lo que altera completamente su identidad.
A lo largo de más de dos décadas, el concurso ha cambiado de cadena, de productora y de marco legal, pero siempre ha estado condicionado por la misma variable: la disputa por los derechos. Lo ocurrido ahora no es un cierre, sino una nueva fase dentro de un conflicto estructural que acompaña al formato desde su origen internacional hasta su consolidación en la televisión española.
