El Consejo de Ministros aprobó este martes el proyecto de la nueva Ley General de Telecomunicaciones que ‘indulta’ a los gigantes digitales del pago de la tasa de operadores.
Tras el proceso de consulta pública del anteproyecto de ley, que aprobó el Gobierno en septiembre de 2020, la reforma de la vigente ley de telecomunicaciones 2014 iniciará ahora su andadura parlamentaria, y el Gobierno espera que esté aprobada en el primer trimestre de 2022, según explicaron este martes fuentes del Gobierno.
La norma transpone al ordenamiento jurídico español la directiva del código europeo de las comunicaciones electrónicas adoptado en 2018.
Como principales novedades, la ley elimina las cabinas y las guías telefónicas de la consideración de servicio universal de telecomunicaciones.
Finalmente, el Gobierno ha dado marcha atrás respecto al anteproyecto y la ley dejará fuera a los gigantes digitales de Internet del pago de la tasa de operadores, a la que sí están obligados las ‘telecos’. Fuentes del Ejecutivo aseguran que se ha decidido no gravar a estas compañías en la norma porque se consideraría una “extralimitación regulatoria”.
El proyecto prevé que las velocidades de acceso que ofrezcan los operadores garanticen la prestación de servicios digitales esenciales como correo electrónico, noticias en línea o banca por Internet.
Asimismo, para garantizar la asequibilidad y al mismo tiempo la capacidad de elección del usuario, se establece la posibilidad de que el servicio universal pueda ser prestado por todos los operadores.
PROTECCION A USUARIOS
En lo relativo a los derechos de los usuarios, se realiza la armonización comunitaria prevista en el Código al reforzar la transparencia de los contratos (será obligatorio facilitar al abonado un resumen de las condiciones del contrato antes de la firma), se limita la duración máxima inicial de los contratos a dos años y se regulan por primera vez los paquetes de servicios.
También se amplían los derechos en el ámbito de la portabilidad móvil y las obligaciones de accesibilidad para los usuarios con discapacidad.
Con la ley, se extienden las posibilidades de actuación e información a través del servicio 112. En concreto, se introducen nuevas facilidades para el desarrollo de sistemas de alerta a la población en caso de grandes catástrofes o emergencias y para disponer de una ubicación más precisa de las personas que efectúan llamadas al 112. A este servicio podrán acceder con más facilidad las personas con discapacidad.
También como novedad, se incluye una revisión de las normas relativas a la gestión del espectro radioeléctrico, con el objetivo de facilitar el despliegue de las redes 5G y otros servicios inalámbricos innovadores.
Aquí, la ley va más allá de la trasposición de la directiva comunitaria. La duración mínima de las concesiones de frecuencias será de 20 años.
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