– CCOO y UGT presionan al Gobierno para que dé marcha atrás y suprima esta posibilidad de la Ley de Función Pública
MADRID, 22 (SERVIMEDIA)
Los empleados públicos que hayan obtenido su puesto de trabajo por concurso podrán ser «removidos» a partir de 2025 si se acredita una «falta de capacidad» o un «rendimiento insuficiente» a la hora de ejercer sus funciones laborales en las nuevas evaluaciones de desempeño.
Así se recoge en el último borrador del anteproyecto de la Ley de Función Pública consensuado por el Gobierno y los sindicatos, al que ha tenido acceso Servimedia, que introduce que estas remociones no podrán tener lugar hasta que pasen dos «anualidades» desde la entrada en vigor de la ley, y que limita, en cierto modo y respecto al texto original, los escenarios en los que el funcionario podrá ser degradado dentro de la Administración.
Los nuevos términos, que todavía están pendientes de una larga negociación con CCOO y UGT, eliminan el artículo en el que se establecía que el empleado público sería depuesto de la plaza obtenida por concurso en caso de suspender de forma «continuada» la nueva evaluación de desempeño, un examen de carácter anual que servirá para valorar la conducta profesional y medir el logro de resultados de los funcionarios «con la finalidad de mejorar la productividad de las diferentes unidades y la calidad de los servicios públicos».
Sin embargo, se mantiene intacto el artículo 57, que indica que «la continuidad del personal funcionario de carrera en los puestos de trabajo obtenidos por concurso quedará vinculada al resultado de la evaluación de su desempeño».
Si la prueba concluye que el empleado no está capacitado para ejercer sus labores, ya sea por «un cumplimiento inadecuado de las tareas atribuidas», «un insuficiente rendimiento» o «una falta de adaptación a las tareas del puesto de trabajo que no pueda ser suplida con acciones formativas», la ley abre la posibilidad de remover al funcionario en cuestión.
En otras palabras, este último borrador deja de contemplar los suspensos «continuados» en la evaluación de desempeño como el criterio necesario para justificar la degradación de un funcionario por concurso, pero mantiene que se le podrá recolocar si no logra los resultados esperados o no muestra las capacidades necesarias para llevar a cabo su labor.
La remoción solo podrá iniciarse cuando hayan transcurrido seis meses desde la toma de posesión en el puesto de trabajo. El funcionario será adscrito provisionalmente a un puesto de la estructura orgánica «acorde con el progreso de su carrera profesional que tenga consolidado y en la misma localidad en el que se encontrara el puesto del que fue removido».
A PARTIR DE 2025
Otra de las novedades del último borrador es la entrada en vigor efectiva de esta medida. El texto aprobado en primera vuelta por el Consejo de Ministros decía que el sistema de evaluación no tendrá consecuencias «económicas» en las dos primeras «anualidades» tras su implementación.
Sin embargo, el texto consensuado con los sindicatos elimina el término «económicas» y habla de consecuencias de forma generalizada, lo que afecta también a la remoción de funcionarios por concurso, según confirmaron fuentes presentes en la mesa de negociación.
Esto supone que la entrada efectiva en vigor de la ley se retrasará hasta, por lo menos, el año 2025, aunque el escenario más realista retrasa la previsión hasta 2026, ya que al anteproyecto le queda por delante una larga tramitación y el sistema de evaluación del desempeño tendrá que consensuarse en una comisión posterior a su aprobación definitiva.
NEGOCIACIONES
También tiene que afrontar una negociación espinosa con CCOO y UGT, que se oponen a que las nuevas evaluaciones de desempeño puedan derivar en la remoción de funcionarios u otras consecuencias «punitivas» para los empleados públicos.
Por el momento, las conversaciones han avanzado con éxito. Tras cuatro reuniones, se incorporaron 250 modificaciones al tomo aprobado en Consejo de Ministros, que han engordado el anteproyecto en 26 páginas, y se convocó la Mesa General de Negociación, que celebró su primera audiencia este pasado viernes. Sin embargo, y a pesar de los «avances significativos», los sindicatos han presentado al Ministerio de Hacienda unas 200 enmiendas más en las que todavía no ha habido acuerdo.
Desde la cartera de María Jesús Montero rechazaron hacer declaraciones sobre esta cuestión en fase de negociaciones, pero desde CCOO y UGT han advertido de que los acuerdos alcanzados son todavía «insuficientes» y que no pueden «permitir» que esta ley contemple la posibilidad de degradar a funcionarios.
