Acaba de aprobarse una nueva norma europea relacionada con el pago en efectivo. Desde el verano de 2027, la Unión Europea (UE) impondrá un límite común de 10.000 € por operación en efectivo para transacciones con empresas o profesionales en todos los Estados miembros.
Esto formará parte del Reglamento (UE) 2024/1624 contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, con el fin de frenar el uso de grandes sumas de dinero en metálico sin trazabilidad.
Aunque el espacio común no prohíbe el uso de efectivo como tal, establece un tope legal para pagos en efectivo en transacciones comerciales, obligando a recurrir a medios rastreables (tarjeta, transferencia, cheques nominativos, etc.) si se supera ese umbral.
Primera limitación de pagos en efectivo en España
La primera vez que España limitó legalmente el uso de efectivo para pagos fue en 2012, con la aprobación de la Ley 7/2012, de lucha contra el fraude fiscal, que estableció un límite de 2.500 € para pagos en efectivo cuando, al menos, una de las partes actuaba como empresario o profesional. Ese límite se aplicó desde el 19 de noviembre de 2012 y tenía por objetivo reducir la economía sumergida vinculada al uso de efectivo.
En esa misma norma se permitió que personas físicas no residentes fiscales en España pudieran pagar hasta 15.000€ en efectivo, con la intención de no perjudicar a turistas o no residentes que hicieran grandes compras.
Posteriormente, esta limitación ha evolucionado:
En 2021, con la entrada en vigor de la Ley 11/2021 de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, se redujo el límite general entre particulares y profesionales a 1.000€ cuando al menos uno de los sujetos es empresario o profesional.
El límite para particulares no residentes que no son empresarios se situó en 10.000 €.
Este histórico de cambios muestra cómo España fue reforzando progresivamente las restricciones del efectivo en transacciones económicas formales para combatir el fraude fiscal.
Motivos para limitar el uso de efectivo
La razón principal detrás de estas limitaciones legales —tanto en España como en el resto de la UE— no es eliminar el efectivo, sino combatir el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo, el fraude fiscal y la economía sumergida.
Los pagos en efectivo de grandes cantidades son difíciles de rastrear y ofrecen canales propicios para actividades ilícitas.
Para las autoridades fiscales, un pago rastreable (p. ej., transferencia o tarjeta) deja un registro claro de la transacción, facilitando el control sobre la recaudación de impuestos como el IVA o el IRPF y reduciendo posibilidades de ocultación de ingresos.
Además, en varios países europeos se considera que limitar efectivo en altas cuantías puede favorecer la inclusión financiera, aunque también despierta críticas de que puede perjudicar a personas que dependen del efectivo por razones de accesibilidad o falta de banca digital.
Cuáles son los límites en Europa hasta esta nueva legislación
Antes de la entrada en vigor del límite común de 10.000 €, los Estados miembros tenían normativas nacionales propias sobre efectivo, que en muchos casos eran más estrictas:
España: 1.000 € en pagos en efectivo en operaciones con profesionales o empresas; 10.000 € para no residentes.
Francia: 1.000 € para pagos en efectivo.
Italia, Portugal, Bélgica: 3.000 € aproximadamente en diversos contextos fiscales.
Austria, Alemania, Irlanda, Luxemburgo, Chipre: en algunos casos no existía límite específico o eran límites muy elevados antes de la armonización.
Con la nueva normativa europea, 10.000 € será el máximo común, aunque los países podrán mantener límites inferiores si así lo desean.
