El segundo semestre de 2026 se presenta como uno de los periodos más intensos para el mercado laboral español.
Tras varios años de reformas impulsadas por el Ministerio de Trabajo, la patronal llega a la recta final del año reclamando un giro en algunas políticas que considera perjudiciales para la competitividad empresarial, mientras los sindicatos presionan para consolidar nuevas mejoras en los derechos de los trabajadores.
En paralelo, el Gobierno mantiene abiertas varias iniciativas legislativas que previsiblemente marcarán la agenda hasta finales de año.
El escenario está condicionado por un clima de mayor conflictividad laboral. La ausencia de un nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) entre organizaciones empresariales y sindicatos ha incrementado el número de huelgas y ha dificultado la renovación de numerosos convenios colectivos.
La patronal reclama menos rigidez y más margen para negociar
Las principales organizaciones empresariales, encabezadas por CEOE y Cepyme, consideran que el actual marco laboral necesita introducir elementos que aporten mayor flexibilidad a las empresas, especialmente en un contexto de desaceleración económica y aumento de los costes laborales.
Entre sus principales reivindicaciones figura la necesidad de que cualquier reducción de jornada siga negociándose a través de los convenios colectivos y no mediante una imposición legal general. La patronal mantiene que cada sector presenta necesidades productivas distintas y que una regulación uniforme puede afectar especialmente a las pequeñas y medianas empresas.
Otro de los grandes asuntos es el absentismo laboral. Los empresarios llevan meses reclamando medidas para reducir las bajas de larga duración, agilizar los controles médicos y mejorar la coordinación entre las mutuas, la Seguridad Social y los servicios públicos de salud. Consideran que este fenómeno está generando un importante incremento de costes y problemas organizativos, mientras los sindicatos rechazan vincular el absentismo con un uso fraudulento de las incapacidades temporales.
La patronal también reclama una mayor seguridad jurídica en futuras reformas laborales y critica que buena parte de las modificaciones aprobadas durante la legislatura hayan salido adelante únicamente con el respaldo sindical y sin consenso empresarial.
Las negociaciones abiertas con los sindicatos
Aunque existen numerosos convenios sectoriales pendientes de renovación, el gran reto sigue siendo recuperar un marco estable de negociación entre empresarios y sindicatos.
El AENC, que tradicionalmente fija orientaciones sobre incrementos salariales, negociación colectiva o flexibilidad interna, continúa sin renovarse. La falta de acuerdo ha trasladado las tensiones directamente a los convenios sectoriales y de empresa, aumentando la conflictividad en distintos sectores económicos.
En paralelo siguen abiertas negociaciones relacionadas con la aplicación práctica de la subida del Salario Mínimo Interprofesional. Tras aprobarse el incremento para 2026 sin apoyo de la patronal, Trabajo pretende modificar las reglas de absorción y compensación para impedir que determinados pluses salariales neutralicen las subidas del salario mínimo, una medida que también genera rechazo entre las organizaciones empresariales.
Otro de los debates pendientes afecta al coste del despido. Los sindicatos llevan tiempo reclamando una reforma que incremente las indemnizaciones o adapte el sistema español a las exigencias planteadas desde organismos europeos, mientras la patronal considera que introducir nuevos costes perjudicaría especialmente la contratación.
Las reformas que prepara el Ministerio de Trabajo
Mientras continúan las negociaciones sociales, el Ministerio de Trabajo mantiene varios proyectos legislativos que podrían aprobarse antes de finalizar el año.
Uno de los más avanzados es el nuevo sistema de registro horario digital. La reforma pretende que las empresas implanten un control horario electrónico accesible en tiempo real para la Inspección de Trabajo con el objetivo de combatir las horas extraordinarias no remuneradas. Aunque el texto está prácticamente ultimado, todavía existen discrepancias sobre los plazos de adaptación para las empresas.
También continúa la tramitación de nuevas normas sobre transparencia salarial. Después del rechazo sindical a la primera propuesta para adaptar la directiva europea, Trabajo ha anunciado que reformulará el proyecto para reforzar las obligaciones empresariales en materia de igualdad retributiva.
Otra iniciativa relevante consiste en reforzar la protección de los trabajadores que denuncien casos de corrupción dentro de las empresas. La futura reforma del Estatuto de los Trabajadores prevé declarar nulos los despidos motivados por estas denuncias y ampliar la protección frente a otras posibles represalias laborales.
A estas medidas se suma la aplicación de la reforma sobre prevención de riesgos laborales acordada entre el Ministerio y los sindicatos, aunque sin respaldo de la patronal, lo que anticipa un complejo recorrido parlamentario para algunas de sus disposiciones.
El cierre de 2026 estará marcado, por tanto, por un equilibrio difícil entre las demandas empresariales de mayor flexibilidad, las reivindicaciones sindicales para ampliar los derechos laborales y la voluntad del Ministerio de Trabajo de culminar varias de las reformas comprometidas durante la legislatura. La capacidad de alcanzar acuerdos determinará no solo la evolución de la negociación colectiva, sino también el clima laboral con el que España afrontará 2027.
