El absentismo laboral y las bajas por incapacidad temporal se han convertido en uno de los grandes desafíos del mercado laboral español.
En los últimos años, el número de trabajadores que se ausentan de su puesto por enfermedad o accidente no ha dejado de crecer, impulsado por factores como el envejecimiento de la población activa, el aumento de los problemas de salud mental y las enfermedades musculoesqueléticas, además de la presión que soporta el sistema sanitario para reducir los tiempos de espera.
Las cifras reflejan la magnitud del fenómeno.
España registró en 2025 un coste total superior a los 33.000 millones de euros asociado a las bajas por incapacidad temporal derivadas de contingencias comunes, una cifra que engloba tanto las prestaciones de la Seguridad Social como el coste directo soportado por las empresas y que supone un incremento de más del 14% respecto al año anterior.
Las causas más habituales de las bajas laborales son las enfermedades comunes, especialmente las patologías musculoesqueléticas (dolores de espalda, cervicales o lesiones articulares) y los trastornos relacionados con la salud mental, como la ansiedad o la depresión. También tienen un peso importante las infecciones respiratorias, las intervenciones quirúrgicas y los accidentes fuera del entorno laboral.
Qué coste tiene para la empresa
El impacto económico del absentismo va mucho más allá del salario del trabajador que está de baja. Para las empresas supone un aumento de costes directos e indirectos que afectan a su competitividad.
En primer lugar, muchas compañías complementan las prestaciones de la Seguridad Social hasta alcanzar el 100% del salario mediante convenio colectivo. Además, deben reorganizar equipos, contratar sustituciones temporales, recurrir a horas extra o redistribuir la carga de trabajo entre el resto de la plantilla.
A ello se suma una pérdida de productividad difícil de cuantificar. Cuando un empleado con experiencia falta durante semanas o meses, disminuye el rendimiento del equipo, se retrasan proyectos y aumenta el riesgo de cometer errores.
En sectores como la industria, la logística, la hostelería o la sanidad, donde la presencia física resulta imprescindible, el impacto suele ser todavía mayor.
Las pequeñas y medianas empresas son las más vulnerables. La ausencia de un único trabajador puede afectar a una parte significativa de su capacidad operativa y obligar a asumir costes que resultan difíciles de absorber.
Por ello, cada vez más organizaciones invierten en programas de bienestar, prevención de riesgos laborales, ergonomía, salud mental y seguimiento médico con el objetivo de reducir tanto el número de bajas como su duración. Estas medidas suelen ofrecer mejores resultados que centrarse únicamente en el control del absentismo.
Qué coste tiene para el trabajador
Aunque la baja médica protege al trabajador cuando no puede desempeñar su actividad, también puede tener consecuencias económicas dependiendo de la duración de la incapacidad y del convenio colectivo aplicable.
Con carácter general, durante una incapacidad temporal por enfermedad común no siempre se percibe el salario íntegro.
Entre los días 4 y 20 de la baja, la prestación equivale normalmente al 60% de la base reguladora. A partir del día 21, el porcentaje aumenta hasta el 75%. Sin embargo, muchos convenios colectivos establecen complementos que elevan la cuantía hasta el 100% del salario, por lo que el impacto económico puede variar considerablemente entre trabajadores.
En el caso de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, la prestación suele ascender al 75% de la base reguladora desde el día siguiente al de la baja, aunque nuevamente algunos convenios mejoran esta cobertura.
Además de la posible reducción salarial, una baja prolongada puede generar incertidumbre sobre la reincorporación, afectar al desarrollo profesional o limitar el acceso a determinados incentivos vinculados a objetivos, productividad o comisiones.
Por este motivo, el incremento continuado del absentismo no solo representa un problema para las empresas. También supone un reto para el conjunto del mercado laboral, ya que incrementa el gasto público, reduce la productividad de las organizaciones y puede afectar a la estabilidad económica de los propios trabajadores. La prevención, la mejora de la atención sanitaria y la promoción de entornos laborales saludables aparecen como las principales herramientas para frenar una tendencia que continúa al alza en España.
