Las bajas médicas se han convertido en uno de los principales focos de tensión entre empresas y trabajadores.
El aumento de la incapacidad temporal, el coste económico de las ausencias y las dificultades para conseguir atención sanitaria están llevando a patronales y sindicatos a debatir cómo mejorar su gestión sin debilitar la protección de quienes enferman.
Las cifras explican la preocupación
En 2025, la prevalencia media de la incapacidad temporal por contingencias comunes alcanzó los 53,7 procesos por cada 1.000 asalariados, frente a los 51,1 de 2024.
Además, el gasto asociado a las bajas laborales superó los 35.000 millones de euros en 2025.
En este escenario, la negociación colectiva aborda medidas que van más allá de los salarios y la jornada laboral. El objetivo es analizar las causas de las ausencias, mejorar la prevención y evitar que determinados procesos se prolonguen por problemas organizativos o asistenciales.
El V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, firmado por CEOE, Cepyme, CCOO y UGT para el periodo 2023-2025, ya planteaba la creación de espacios conjuntos para estudiar la incidencia y duración de las bajas.
También proponía evaluar medidas para reducir los procesos y mejorar la coordinación con las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social.
La cuestión ha ganado peso durante 2026. Entre las propuestas empresariales figuran reforzar el papel de las mutuas en la atención sanitaria, revisar los complementos salariales que algunas empresas abonan durante la incapacidad temporal y modificar la distribución de determinados costes.
El 29 de septiembre, Foment del Treball defendió una reforma del sistema que incluye estas medidas y la recuperación del despido objetivo por absentismo, una propuesta que exigiría cambios legales.
No todas estas iniciativas se negocian directamente en los convenios. Conviene distinguir entre los acuerdos colectivos, que pueden regular mejoras económicas y procedimientos internos dentro del marco legal, y las reformas legislativas que requieren decisiones del Gobierno y del Parlamento.
Uno de los puntos más sensibles es el complemento de la prestación pública. Algunos convenios establecen que la empresa complete el importe que recibe el trabajador durante una baja hasta alcanzar un porcentaje determinado de su salario. Revisar estas mejoras permitiría reducir costes empresariales, pero también podría disminuir los ingresos de las personas enfermas.
Por eso, los sindicatos rechazan que el aumento del absentismo se aborde únicamente mediante recortes o controles.
Su posición pone el foco en la prevención, las condiciones laborales, la salud mental y el funcionamiento de la sanidad pública. La dificultad consiste en encontrar medidas que reduzcan las ausencias evitables sin penalizar las bajas justificadas.
Por qué aumentan las bajas de larga duración y quién asume el coste
El problema no se limita al número de trabajadores que solicitan una baja. También importa cuánto tiempo permanecen fuera de su puesto. Una ausencia de pocos días y una incapacidad temporal de varios meses tienen consecuencias muy diferentes para la organización empresarial y para el sistema de protección social.
La duración media de las bajas finalizadas durante 2025 fue de 42,29 días, un 1,3% menos que en 2024, según los datos de la Seguridad Social.
Sin embargo, esta media oculta diferencias importantes entre patologías y grupos de edad. Los trabajadores de mayor edad suelen registrar procesos más largos, mientras que las enfermedades musculoesqueléticas y los problemas de salud mental pueden requerir recuperaciones prolongadas.
Las listas de espera constituyen otro factor decisivo. Una persona puede recibir una baja justificada y necesitar pruebas diagnósticas, una intervención quirúrgica o rehabilitación para recuperarse. Si estas actuaciones se retrasan, la reincorporación también puede demorarse. En estos casos, la duración del proceso no depende únicamente de la enfermedad ni de la voluntad del trabajador.
A esta dificultad se suma la salud mental. La ansiedad, la depresión y otros trastornos pueden exigir tratamientos prolongados y una adaptación progresiva a las exigencias del puesto. La sobrecarga de trabajo, los turnos, la falta de autonomía o los conflictos laborales también pueden influir en la aparición o agravamiento de determinados problemas de salud.
El envejecimiento de la población ocupada y el crecimiento del número de personas afiliadas ayudan a explicar parte de la evolución, aunque no bastan para justificarla por completo. También influyen la organización de la asistencia sanitaria, la disponibilidad de profesionales y la capacidad de las empresas para adaptar temporalmente las tareas.
El papel de las mutuas y los límites del control empresarial
Una de las principales vías planteadas para acortar determinadas bajas es aprovechar los recursos sanitarios de las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social. En procesos de origen traumatológico, pueden realizar pruebas diagnósticas y tratamientos rehabilitadores cuando se cumplen los requisitos legales, existe autorización del médico del servicio público de salud y el trabajador presta su consentimiento informado.
El mecanismo pretende reducir esperas y facilitar la recuperación, sin sustituir al sistema público en sus competencias. En 2026 se han publicado convenios para desarrollar esta colaboración, aunque su implantación territorial no es uniforme.
La medida tiene potencial, pero no resuelve todos los casos. Una lesión que necesita rehabilitación puede beneficiarse de un diagnóstico más rápido; una depresión grave o una enfermedad compleja requieren otros recursos asistenciales. Aplicar el mismo enfoque a todas las bajas sería ignorar las diferencias clínicas entre pacientes.
También existe una cuestión de garantías. Las empresas pueden organizar el trabajo, conocer la situación administrativa de una ausencia y aplicar los procedimientos previstos legalmente, pero no decidir por sí mismas si una persona está médicamente capacitada para trabajar. El seguimiento sanitario debe respetar la confidencialidad y las competencias de los profesionales responsables.
Para las pequeñas empresas, las ausencias prolongadas pueden implicar costes de sustitución, reorganización de turnos, pérdida de productividad y dificultades para mantener el servicio. Para el trabajador, una recuperación incompleta puede elevar el riesgo de recaída. Y para la Seguridad Social, la duración de los procesos influye en el gasto en prestaciones y en la presión sobre los recursos sanitarios.
Por eso, el debate de los convenios colectivos apunta a una cuestión más amplia que el control del absentismo: cómo reducir los tiempos de recuperación cuando existen demoras evitables, prevenir las enfermedades relacionadas con el trabajo y facilitar una reincorporación segura. La solución exige distinguir entre las ausencias que pueden prevenirse o gestionarse mejor y aquellas cuya duración responde a la evolución clínica de una enfermedad.
