El Ministerio de Hacienda tenía previsto que la normativa conocida como Verifactu entrara en vigor en enero para las sociedades y, para las pymes y autónomos, de cara a verano pero, finalmente, su implantación se ha pospuesto hasta 2027 en vista de que la medida podría contentar a una parte de los socios de gobierno.
Este retraso supone un giro importante para miles de pymes y autónomos que ya se estaban preparando para cumplir con los nuevos requisitos de facturación y habían invertido en servicios y software avalados por la Agencia Tributaria para presentar las facturas.
¿En qué consistía la facturación vía Verifactu?
Veri*factu forma parte de un conjunto de medidas dirigidas a mejorar el control fiscal y reducir la economía sumergida que había puesto en marcha la Agencia Tributaria.
Su objetivo principal era que todas las empresas utilizaran programas de facturación certificados y conectados con la Agencia Tributaria de forma que:
- Garantizara la integridad y trazabilidad de cada una de las facturas emitidas
- Evitar la manipulación posterior de estos registros
- Registrar cada factura con firma o huella digital
- Envío automático de ciertos datos a Hacienda
En la práctica, implicaba que cualquier pyme o autónomo debía sustituir o actualizar su software de facturación por uno que cumpliera estos requisitos específicos.
El coste previsto para las pymes
Una de las grades polémicas de esta nueva normativa era el coste inicial que se situaba entre los 300 y 1000 euros para la pequeña empresa o los autónomos, la horquilla de entre 1000 y 5000 euros para negocios que tuvieran sistemas de gestión o ERPs y, por tanto, soluciones más complejas y la suma de un coste anual de mantenimiento debido a las actualizaciones obligatorias que habría que ir añadiendo cuando fuera necesario.
Para muchas pymes, este gasto se sumaba a otras inversiones tecnológicas recientes, lo que hacía que la entrada en vigor en enero fuera un reto económico y organizativo.
¿Qué supone para las empresas que ya han invertido?
El retraso hasta 2027 ha generado una mezcla de alivio y frustración a partes iguales ya que muchas estaban pendientes de iniciar el cambio, lo que les permitiría tiempo de planificación y evitarse el gasto urgente y, por otro lado, las que ya habían hecho los deberes de cara al 1 de enero, verán paralizado el retorno de la inversión, perderán el coste de la licencia anual ya abonada y la duda de si necesitarán una partida extra para posibles nuevos requisitos o modificaciones de la normativa.
En resumen, quienes se adelantaron podrían tener que asumir más costes de los previstos o volver a adaptarse en el futuro.
Cambios que se esperan para 2027
Aunque se mantiene el objetivo general de mejorar el control fiscal, es probable que algunos aspectos se revisen.
Entre ellos, se espera que se introduzcan nuevos requisitos técnicos que se adapten al ritmo de digitalización de las pymes, unos procesos de certificación más claros y una mejor integración en los sistemas como SII o en herramientas de reporte inmediato.
“Otra posibilidad es que se simplifiquen los requisitos para autónomos y microempresas por las dificultades que podrían suponer sus costes”, explican algunos expertos.
