La crisis migratoria que comenzó a finales de julio en Ceuta ha dejado una factura económica que va mucho más allá del coste de la atención inmediata a las personas que permanecen en la ciudad. El impacto se extiende al comercio, el turismo, la hostelería, el empleo y las cuentas de las administraciones públicas, mientras el Gobierno prepara un paquete de medidas para intentar contener las consecuencias.
La dificultad para establecer una cifra definitiva es uno de los elementos que condicionan cualquier cálculo.
La Cámara de Comercio de Ceuta ha elevado a 33 millones de euros las pérdidas económicas directas provocadas por la crisis, una cantidad equivalente al 20,6% del PIB mensual medio de la ciudad.
Tres de cada cuatro empresas habrían tenido que introducir cambios en la organización de sus plantillas.
La estimación supone un incremento respecto a los cálculos realizados días antes.
A mediados de agosto, la Cámara cifraba las pérdidas en 27,76 millones de euros. De esa cantidad, 7,07 millones correspondían a cierres o reducciones de actividad, 10,25 millones a la cancelación de las Fiestas Patronales y otros 10,43 millones a cancelaciones turísticas, menor afluencia de visitantes y caída del consumo.
Comercio y turismo, los sectores más afectados
El impacto económico tiene especial relevancia porque se ha producido durante agosto, uno de los periodos de mayor actividad turística de la ciudad. La cancelación de acontecimientos y la reducción de visitantes han afectado directamente a hoteles, restaurantes, comercios, agencias de viajes, transporte y establecimientos vinculados al ocio.
Los 33 millones de euros calculados por la Cámara de Comercio no representan, además, el coste total de la crisis. La estimación se refiere al impacto económico directo sobre la actividad y no incorpora de forma completa el gasto extraordinario asumido por las administraciones, las consecuencias futuras sobre el empleo ni un posible deterioro de la imagen de Ceuta como destino turístico o lugar de inversión.
Este último elemento resulta especialmente difícil de cuantificar. Una caída puntual de las ventas puede medirse mediante facturación, mientras que el efecto de las cancelaciones futuras, la pérdida de confianza de los visitantes o el aplazamiento de inversiones únicamente puede conocerse cuando transcurran varios meses.
A esta factura privada se suma el coste de mantener dispositivos extraordinarios de seguridad, acogida, atención sanitaria, limpieza, alimentación, alojamiento y tramitación administrativa. A finales de agosto, el despliegue de Policía Nacional y Guardia Civil en Ceuta rondaba los 1.600 efectivos, incluidos los refuerzos enviados tras la entrada masiva.
¿Cuánto dinero se está destinando a los migrantes?
La principal partida aprobada específicamente para afrontar la situación de los menores migrantes no acompañados asciende a 25 millones de euros. El Consejo de Ministros autorizó el 25 de agosto este crédito extraordinario para Ceuta y la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia lo aprobó el 27 de agosto con los votos de las comunidades presentes. Aragón, Castilla y León y Extremadura no participaron en la reunión.
El dinero no constituye una paga directa a los migrantes. Está destinado a financiar el sistema de atención de la ciudad. Entre los gastos que pueden cubrirse figuran el alojamiento, los traslados, la alimentación, el vestuario, la atención médica, el apoyo jurídico, los servicios de traducción, el acompañamiento socioeducativo y la identificación y atención de personas especialmente vulnerables.
También puede utilizarse para ampliar las plazas disponibles en los recursos de acogida y para financiar el personal necesario para prestar estos servicios.
La dimensión del problema explica la magnitud de esta partida. El Ministerio de Juventud e Infancia ha informado de 1.478 menores migrantes identificados en Ceuta tras la entrada masiva del 30 de julio, aunque las cifras sobre el número de personas que permanecen actualmente en la ciudad han variado según las fuentes y el momento del recuento.
La ayuda extraordinaria de 25 millones se suma a los fondos ordinarios previstos para la atención de menores migrantes no acompañados. En julio, el Gobierno había aprobado la distribución de 35 millones de euros para 2026 entre las comunidades autónomas y Ceuta y Melilla. De esa cantidad, Ceuta tenía asignados inicialmente 5,5 millones.
Por tanto, no todas las partidas destinadas a la atención de migrantes pueden atribuirse exclusivamente a la crisis de julio. Una parte corresponde a mecanismos ordinarios de financiación de los sistemas de protección de menores y otra responde específicamente a la emergencia.
El nuevo paquete económico para Ceuta
La respuesta económica no se limita a la atención de los migrantes. El Gobierno ha anunciado un paquete de 165 millones de euros dirigido a amortiguar las consecuencias económicas de la crisis sobre empresas y trabajadores de Ceuta.
Entre las medidas anunciadas se encuentran mecanismos extraordinarios para facilitar los ERTE, de modo que los trabajadores puedan acceder a prestaciones por desempleo sin cumplir los requisitos habituales. También se prevé la exoneración de cotizaciones sociales para las empresas acogidas a estos mecanismos y un incremento de las bonificaciones a la contratación, que pasarían del 50% al 75%.
La diferencia entre los 33 millones de pérdidas estimados por la Cámara y los 165 millones del nuevo paquete es importante. No se trata de una compensación directa de pérdidas por el mismo importe, sino de un conjunto de medidas económicas y laborales cuyo objetivo es evitar cierres, proteger empleo y favorecer la recuperación.
Además, el Gobierno ha planteado inversiones de mayor alcance para la ciudad. La cifra global manejada por el Ejecutivo alcanza los 527,5 millones de euros en diferentes actuaciones vinculadas a la recuperación y al desarrollo de Ceuta, aunque estas inversiones no deben contabilizarse como gasto exclusivamente provocado por la crisis migratoria.
La diferencia es relevante para analizar el coste real. Una inversión en infraestructuras o desarrollo económico puede estar relacionada con la recuperación de la ciudad, pero no equivale a una factura generada directamente por la llegada de migrantes.
Una factura todavía abierta
Un mes después del inicio de la crisis, todavía no existe una cifra única que permita afirmar cuánto ha costado el episodio a Ceuta. Hay, por un lado, 33 millones de euros de pérdidas económicas directas estimadas por la Cámara de Comercio. Por otro, existen gastos públicos extraordinarios cuya cuantificación completa todavía no se ha publicado y, finalmente, paquetes de ayudas e inversiones que buscan compensar o prevenir consecuencias económicas futuras.
La atención a los menores constituye actualmente uno de los principales capítulos de gasto extraordinario. Los 25 millones aprobados específicamente para Ceuta permiten financiar tanto sus necesidades inmediatas como la ampliación de los recursos de acogida. Al mismo tiempo, el traslado de menores a otras comunidades pretende reducir la presión sobre el sistema ceutí. La propuesta inicial contempla trasladar a 500 niñas a recursos de la Península.
El balance económico, por tanto, no puede reducirse a una comparación entre lo que pierde la ciudad y lo que recibe en ayudas. Parte de los fondos están destinados a atender una emergencia humanitaria; otros pretenden sostener el empleo y la actividad empresarial; y otros corresponden a inversiones de carácter estructural.
Lo que sí permiten establecer los datos disponibles es que la crisis ya ha generado un impacto económico directo de al menos 33 millones de euros sobre la actividad de Ceuta, mientras las administraciones han aprobado o anunciado partidas extraordinarias de decenas y, en algunos programas, cientos de millones de euros. El coste definitivo dependerá de cuánto tiempo tarde en normalizarse la actividad económica y de cuánto gasto adicional requiera el sistema de acogida y protección de menores.
