El calendario político encara su recta final con varios asuntos tributarios todavía abiertos.
Aunque buena parte de las novedades fiscales de 2026 ya han entrado en vigor mediante diferentes reales decretos y modificaciones normativas, el Ministerio de Hacienda mantiene una agenda pendiente que podría traducirse en nuevas medidas antes de finalizar el año.
La incertidumbre parlamentaria hace que muchas de ellas dependan de complejas negociaciones, pero algunas reformas continúan siendo prioritarias para el Ejecutivo.
Para ciudadanos, autónomos y empresas, el desenlace de estas negociaciones puede tener un efecto directo sobre los impuestos que pagan, las deducciones disponibles o la financiación de los servicios públicos. En algunos casos, el impacto llegará de forma inmediata; en otros, servirá para preparar los Presupuestos de 2027.
La financiación autonómica sigue siendo la gran reforma pendiente
El principal frente abierto de Hacienda es la reforma del sistema de financiación autonómica. El Gobierno pretende cerrar durante este año un nuevo modelo que sustituya al vigente desde 2009, con el objetivo de que pueda entrar en funcionamiento en 2027.
Sin embargo, el proyecto continúa negociándose con las comunidades autónomas y necesitará posteriormente el respaldo del Congreso, donde la aritmética parlamentaria sigue siendo muy ajustada.
Aunque esta modificación no supondrá un cambio inmediato en la declaración de la renta de los contribuyentes, sí puede influir indirectamente en la presión fiscal y en los servicios que financian las comunidades autónomas, especialmente en materias como sanidad, educación o dependencia.
La propuesta contempla modificar el reparto de algunos de los grandes impuestos compartidos entre el Estado y las autonomías, como el IRPF o el IVA, otorgando una mayor participación a las comunidades. Esto no implica necesariamente que los ciudadanos paguen más impuestos, sino que cambiaría el porcentaje de la recaudación que recibe cada administración.
Medidas tributarias que todavía podrían ampliarse
Además de la financiación autonómica, Hacienda mantiene abiertas varias medidas fiscales cuya continuidad deberá decidirse antes de finalizar el ejercicio.
Entre ellas destacan algunas deducciones relacionadas con la transición energética. Durante 2026 siguen vigentes los incentivos para realizar obras de mejora de eficiencia energética en viviendas, instalar puntos de recarga para vehículos eléctricos o adquirir determinados vehículos electrificados. Aunque estas deducciones ya están aprobadas para este ejercicio, el Gobierno deberá decidir si prolonga parte de estos incentivos en los próximos Presupuestos o mediante nuevas normas tributarias.
También permanece sobre la mesa la continuidad de determinadas medidas dirigidas a autónomos acogidos al sistema de módulos. Durante este año se han prorrogado nuevamente los límites para permanecer en este régimen simplificado, una decisión que evita que miles de pequeños negocios tengan que pasar a estimación directa. Si Hacienda optara por mantener esta política durante 2027, el efecto sería una menor carga administrativa para numerosos trabajadores por cuenta propia.
Otro asunto que continúa generando atención es el futuro del Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas. Aunque el tributo continúa vigente, todavía existen procedimientos judiciales pendientes que podrían condicionar su evolución futura.
¿Cómo puede afectar al bolsillo de los contribuyentes?
Para la mayoría de los asalariados, el efecto inmediato de las reformas pendientes será limitado, salvo que el Gobierno apruebe cambios adicionales en el IRPF dentro de los próximos Presupuestos Generales del Estado.
Donde sí puede existir un impacto económico directo es en quienes estén planificando inversiones en eficiencia energética o movilidad eléctrica. Si las deducciones actuales no se prorrogan más allá de los plazos previstos, quienes retrasen estas inversiones podrían perder parte del ahorro fiscal disponible.
Los propietarios de viviendas también permanecen atentos a la posible continuidad de determinadas ventajas fiscales ligadas a la rehabilitación energética, especialmente en comunidades donde estas ayudas están teniendo una elevada demanda.
En el caso de los autónomos, la posible continuidad del régimen de módulos supondría mantener un sistema de tributación más sencillo y, en muchos casos, económicamente más favorable que el régimen general.
Por otra parte, cualquier modificación derivada de la futura financiación autonómica podría traducirse, a medio plazo, en cambios sobre impuestos cedidos o deducciones autonómicas, ya que cada comunidad dispone de cierto margen para establecer beneficios fiscales propios.
La principal incógnita continúa siendo la aprobación de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado. Sin unas nuevas cuentas públicas, muchas reformas tributarias de mayor alcance tendrían que tramitarse mediante normas independientes o quedar aplazadas.
Precisamente esa incertidumbre política convierte el último tramo de 2026 en un periodo decisivo para conocer qué medidas fiscales llegarán realmente a aplicarse y cuáles quedarán pospuestas para 2027.
