La factura de la luz volverá a reflejar las consecuencias del gran apagón eléctrico de abril de 2025. Las últimas propuestas regulatorias apuntan a que los costes derivados de la reposición del suministro y de las medidas adoptadas para evitar nuevos incidentes acabarán siendo asumidos, al menos en parte, por los consumidores.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha puesto sobre la mesa un mecanismo para repartir estos costes a través de la factura eléctrica. En concreto, el organismo plantea introducir un recargo que permita recuperar entre 25 y 42 millones de euros pendientes, dentro de un coste total estimado que oscila entre 34 y 51 millones de euros por la reposición del sistema tras el apagón.
La propuesta se encuentra en fase de audiencia pública y define el marco para “socializar” este gasto entre todos los usuarios del sistema eléctrico, independientemente de su comercializadora o tipo de tarifa.
Este planteamiento refuerza la idea de que el impacto económico del apagón no será puntual ni asumido exclusivamente por las empresas del sector, sino que se distribuirá de forma generalizada entre los consumidores.
De hecho, la CNMC ya contempla aplicar estos recargos a lo largo de 2026, lo que implica un pago diferido en el tiempo y diluido en los recibos mensuales.
Más allá de la reposición puntual del suministro, el coste estructural del apagón es significativamente mayor.
La denominada “operación reforzada” del sistema eléctrico —activada para evitar nuevos fallos— ha generado sobrecostes de cientos de millones de euros. Solo entre mayo y noviembre de 2025, estos gastos alcanzaron los 486 millones, equivalentes a unos céntimos diarios por consumidor en el mercado regulado.
Algunas estimaciones elevan el impacto total hasta los 1.100 millones de euros, lo que evidencia que el problema no se limita al incidente inicial, sino a las medidas posteriores para garantizar la estabilidad de la red.
El mecanismo de pago previsto combina varias vías.
Por un lado, los costes de reposición inmediata se integrarán previsiblemente en los peajes o cargos regulados, que forman parte fija de la factura eléctrica y están supervisados por la CNMC. Por otro, los sobrecostes operativos derivados de mantener el sistema en modo seguro ya se están trasladando al precio de la electricidad, especialmente en la tarifa regulada (PVPC).
Esto implica que tanto los usuarios del mercado regulado como los del mercado libre acabarán contribuyendo, aunque con impactos distintos según el tipo de contrato.
En el mercado libre, el efecto puede ser más indirecto o diferido, mientras que en el regulado se traslada de forma más inmediata a través de los componentes variables del precio.
En síntesis, la hoja de ruta regulatoria apunta a una clara conclusión: el coste del apagón no desaparecerá, sino que se integrará progresivamente en la estructura tarifaria.
La CNMC defiende este enfoque como una forma de garantizar la sostenibilidad económica del sistema eléctrico, pero en la práctica supone que los consumidores asumirán, a plazos, el impacto de uno de los mayores fallos recientes del sistema energético español.
