– Solicita que cumplan con sus compromisos electorales y apuesten por la externalización de los servicios del transporte sanitario
MADRID, 21 (SERVIMEDIA)
Agetrans, una de las principales patronales del sector de transporte sanitario en España, ha hecho un llamamiento a los nuevos gobiernos autonómicos de Cantabria, La Rioja y las Islas Baleares salidos de las elecciones del pasado 28 de mayo para que revisen los contratos existentes de ambulancias en estas comunidades.
La entidad instó a los gobiernos regionales de estas tres autonomías, controladas por el Partido Popular, a que cumplan con sus programas electorales y apuesten por la externalización del transporte sanitario, primando la eficiencia de los recursos públicos.
En concreto, Agetrans solicita al gobierno de Cantabria que revise de oficio y desbloquee la actual adjudicación del servicio del transporte sanitario programado en este territorio, después de que el Tribunal Administrativo Central admitiera las medidas cautelares solicitadas por la única empresa que se presentó al concurso y que quedó eliminada.
Por su parte, la patronal pide también al gobierno de La Rioja que revierta cuanto antes la gestión directa del contrato de ambulancias en la comunidad después de constatar un aumento significativo del gasto público en el servicio a lo largo de los últimos años sin haber experimentado un aumento sustancial en la calidad de éste.
Lo mismo se exige al nuevo ejecutivo de las Islas Baleares para que se abra un proceso de licitación y puedan concurrir abiertamente las empresas interesadas en prestar el servicio integral de ambulancias. En esta comunidad el coste de la internalización del transporte sanitario de urgencias no ha hecho más que incrementarse hasta un 79% entre 2017 y 2021, mientras que la conflictividad laboral no ha parado de ir en aumento.
Por todo ello, Agetrans reiteró en un comunicado la necesidad de revisar todos los contratos de ambulancias existentes en estas autonomías y de apostar por la externalización como modelo que mejor garantiza la eficiencia del gasto público y la calidad asistencial.
