– Creen que el peso de las infraestructuras en los fondos es «muy limitado»
MADRID, 20 (SERVIMEDIA)
El presidente de la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan), Julián Núñez, reclamó este lunes la prórroga de los plazos de licitación y ejecución de los fondos Next Generation-EU «nunca menos de un año» por el «retraso y la ejecución» de los Perte y la ayuda europea adicional (Adenda) que alcanzan en total más de 106.000 millones de euros.
Así lo expresó en la rueda de prensa anual de balance el líder de la patronal de las mayores empresas españolas de construcción, entre las que se encuentran ACS, Sacyr, Ferrovial, FCC, OHLA o Acciona.
Núñez apuntó que la fecha límite para presentar todos los proyectos es diciembre de este año mientras que la fecha de ejecución es a mediados de 2026. En su opinión, el impacto que ha tenido la crisis global de las materias primas es el motivo que justifica la prórroga de los plazos.
Además, subrayó la representatividad «muy limitada» que tiene la construcción de infraestructura pública en los fondos. Concretamente, son 11.619 millones de euros de un total de 173.525 millones de euros, un 6,7% del total. Para la patronal, se podrían haber destinado al menos 15.000 millones de euros más, especialmente en infraestructuras hidráulicas (7.000 millones) y en alta velocidad (3.000 millones).
En cuanto a las previsiones para el año 2023, afirmó que se prevé un incremento de actividad de construcción en 2023 del 4%, impulsado por la obra civil (+11,8%) y la edificación no residencial (+5,6%) y, en menor medida, por la rehabilitación de edificación residencial (+2,4%). Por el contrario, casi no habrá contribución de la edificación residencial de obra nueva, que se estanca por la «situación financiera».
De hecho, señaló que existió un «importante» volumen de obra licitado por comunidades autónomas y ayuntamientos debido a la cercanía de las elecciones del mes de mayo, pero este impacto «positivo» ya ha sido recogido este año.
Además, apuntó que, a pesar de la «poca relevancia» de los fondos europeos en la creación de infraestructuras y el retraso en algunas convocatorias, el Plan de Recuperación representa un 36% del incremento para el año 2023.
REVISIÓN DE COSTES
Debido a la situación inflacionaria, una de las reclamaciones más importantes del sector en los últimos meses es la prórroga del sistema de revisión de precios extraordinario aprobado por el Gobierno cuando estalló la guerra en Ucrania. No obstante, a un mes de que finalice la vigencia del real decreto, la construcción no tiene noticias sobre una posible extensión a pesar del apoyo, que, según reconocen, han tenido los ministerios de Transportes y Transición Ecológica, principales licitadores, frente a la oposición de Asuntos Económicos y Hacienda.
El presidente de Seopan reconoció que, si «a menos de un mes» para que finalice el plazo el sector no tiene noticias, todo «indica» que el Gobierno no va a prorrogar la medida ni a modificar la ley de contratos del sector público. La patronal ha estimado que el 85% de los contratos (100% si se incluye la energía) superaron el límite del 20% de revisión excepcional que marca la ley.
En concreto, Núñez cifró el impacto de los incrementos no revisables por los límites del % y del 20% en unos 347 millones de euros en el año 2020, que se duplicarían hasta los 738 millones de euros en caso de incluir el incremento del precio de la energía.
Según su previsión, con una estimación de inflación para el año de 2023 de entre el 4% y el 5%, habrá «importantes» obras de comunidades autónomas y corporaciones locales que van a quedar «desiertas o semidesiertas».
PEAJES
Otro de los asuntos abordados por la patronal de las grandes constructoras es la instauración en España del sistema del pago por uso en la red de carreteras, aparcado de las reformas que ha llevado a cabo el Gobierno. Según la estimación de Seopan, la reforma proporcionaría un superávit fiscal anual medio de 3.054 millones de euros por la reducción del gasto público de conservación de carreteras e incremento de los ingresos públicos asociados a la tarificación.
«Lo paga el usuario, se acabó la discusión», indicó Núñez, afirmando que la discusión no es la cantidad que los usuarios tendrán que pagar, sino qué beneficios para obtener por ese pago, entre los que se situó la mejora de la seguridad del estado de las carreteras. Según el estudio de Seopan, es necesario una inversión mínima de 10.000 millones de euros para seguridad operacional y vial (3.200 millones), sostenibilidad ambiental (5.800 millones) y digitalización (1.540 millones).
Precisamente, puso el foco en la Ley de Movilidad Sostenible y el retraso en la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos en el país. «Vamos a ofrecer una infraestructura de recarga incorporada dentro del modelo a unos precios muy competitivos para que no cueste más desplazarse en coche de Madrid a Toledo en un eléctrico que en uno diésel», subrayó.
NUEVO MODELO DE CONTRATACIÓN
Por otro lado, la patronal está preparando una propuesta para modernizar la contratación pública, cuyo modelo «genera un incumplimiento sistemático de presupuestos y plazos y una elevada litigiosidad».
Según Núñez, habría que moverse de un modelo en el que «el coste de la obra es consecuencia del proyecto» y que «no permite evaluar alternativas» actual a un «modelo colaborativo» donde el coste de la obra es el que condiciona el diseño del proyecto, permite a la empresa adjudicataria evaluar alternativas y «fijar un coste objetivo con compartición de ahorros y sobre costes».
Esta iniciativa habría recibido el visto bueno del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que la califica, según el empresario como «muy oportuna y acertada». Ahora, la patronal trabaja en una propuesta para iniciar un contrato piloto que avance hacia el modelo de ‘coste objetivo’ que se pueda implementar sin modificar la ley del sector público de contratación. No obstante, reconoció que para establecer un «modelo de alianza» sí que sería necesario un cambio normativo.
La intención de la patronal de avanzar en este cambio de modelo a la «parálisis» que sufre el sector de la contratación. Según sus datos, la Oficina Nacional de Evaluación (ONE) emitió 28 informes en 2022 con resultado desfavorable en siete de cada 10 expedientes de concesiones presentados, que afectan a 3.000 millones de euros de actividad concesional de servicios docentes, sociales, deportivos y saneamiento.
