La deflactación del impuesto sobre la renta se ha convertido en uno de los debates fiscales más recurrentes en España durante los últimos años de inflación elevada.
Este mecanismo consiste en ajustar los tramos del IRPF a la subida de precios, de modo que los contribuyentes no paguen más impuestos simplemente por recibir una subida salarial que compense el encarecimiento de la vida.
Cuando no se aplica la deflactación, muchos trabajadores pueden pasar a un tramo impositivo superior aunque su poder adquisitivo real no haya aumentado. Este fenómeno, conocido como “progresividad en frío”, provoca que el Estado recaude más sin subir formalmente los tipos impositivos.
En los últimos meses, partidos de la oposición, economistas y algunas comunidades autónomas han reclamado esta medida para aliviar la carga fiscal de los hogares tras varios años de inflación acumulada.
Sin embargo, el Gobierno central ha reiterado que no contempla aplicar la deflactación del IRPF a nivel estatal, lo que mantiene abierto el debate sobre su impacto en el bolsillo de los contribuyentes.
Qué esgrime el Gobierno para negarlo
Desde el Ejecutivo se argumenta que la política fiscal actual ya incorpora medidas dirigidas a proteger a las rentas medias y bajas, por lo que consideran innecesario modificar los tramos del impuesto.
Entre las principales razones que esgrime el Gobierno destacan:
1. Prioridad en el gasto social: El Ejecutivo sostiene que la recaudación adicional permite financiar políticas públicas como ayudas energéticas, pensiones o prestaciones sociales.
2. Medidas selectivas en lugar de ajustes generales: plantean que es más eficaz aplicar deducciones o rebajas concretas para determinados colectivos que reducir el impuesto de forma generalizada.
3. Impacto en la recaudación: su aplicación supondría una reducción significativa de ingresos públicos, algo que el Ejecutivo considera incompatible con los objetivos de estabilidad presupuestaria.
Qué supondría que se aprobara para el ciudadano
Si el Gobierno decidiera aplicar la deflactación del IRPF, el efecto más inmediato sería una reducción de la carga fiscal para muchos contribuyentes, especialmente para quienes han visto aumentar su salario en los últimos años para compensar la inflación.
Entre los efectos más destacados estarían
- Menor presión fiscal real: Al actualizar los tramos del impuesto, los contribuyentes evitarían pagar más impuestos únicamente por la subida nominal de su salario.
- Mayor poder adquisitivo: La medida permitiría que una parte mayor del salario se mantuviera disponible para el consumo o el ahorro.
- Impacto desigual según ingresos: El beneficio dependería del nivel de renta: quienes están cerca del límite entre tramos suelen ser los más afectados por la falta de deflactación.
Diversos cálculos de expertos fiscales apuntan a que la actualización de los tramos podría suponer un ahorro anual de entre decenas y varios cientos de euros, dependiendo del nivel salarial y la situación familiar.
Por ahora, sin embargo, el Gobierno mantiene su negativa a aplicar este ajuste a nivel estatal, por lo que el debate sobre la deflactación seguirá siendo uno de los principales puntos de fricción en la política fiscal española.
