La deuda pública es uno de los indicadores económicos que permite conocer la situación financiera de un país.
Representa el dinero que las administraciones públicas deben a sus acreedores por préstamos, emisiones de bonos y otras obligaciones financieras.
Se genera cuando los ingresos del Estado no son suficientes para cubrir sus gastos y necesita financiar la diferencia mediante endeudamiento.
Para medirla, se utiliza tanto el volumen total acumulado como su relación con el producto interior bruto (PIB). Este último indicador permite comparar el endeudamiento con la capacidad económica del país para generar riqueza. En España, la deuda pública continúa siendo uno de los principales desafíos de las cuentas públicas, pese a la reducción de su peso relativo respecto al PIB en los últimos años.
Según el Banco de España, la deuda de las Administraciones Públicas alcanzó los 1,763 billones de euros en el segundo trimestre de 2026, equivalente al 101,4% del PIB.
Cuánto debe cada español y qué significa realmente esa deuda
Una forma sencilla de dimensionar el endeudamiento público consiste en dividir el importe total de la deuda entre el número de habitantes. Este cálculo permite obtener una cifra orientativa de cuánto correspondería a cada ciudadano si se repartiera el saldo pendiente de las administraciones entre toda la población.
Con una deuda de 1,763 billones de euros y una población aproximada de 49,5 millones de habitantes, la deuda pública equivaldría a unos 35.600 euros por persona.
Esta cantidad no significa que cada ciudadano tenga que pagar directamente ese importe. La deuda corresponde al conjunto de las administraciones públicas y se financia mediante diferentes instrumentos, principalmente emisiones de deuda y préstamos.
Su coste real para la población se manifiesta de otras maneras:
Pago de intereses: el Estado destina una parte de los ingresos públicos a remunerar a los acreedores. Ese dinero deja de estar disponible para otras partidas presupuestarias.
Menor margen presupuestario: un endeudamiento elevado limita la capacidad de las administraciones para responder a crisis económicas o financiar nuevas inversiones.
Posibles ajustes fiscales: si el gasto supera persistentemente los ingresos, pueden ser necesarias subidas de impuestos o reducciones de determinadas partidas.
Mayor exposición a los mercados: cuando aumenta la percepción de riesgo, el Estado puede tener que pagar intereses más elevados para financiarse.
Efectos sobre las generaciones futuras: una parte del coste financiero puede prolongarse durante años, aunque también depende de la evolución económica y de cómo se utilicen los recursos obtenidos.
Cómo ha evolucionado la deuda pública española durante la última década
La deuda española experimentó un aumento extraordinario durante la pandemia, cuando las administraciones incrementaron el gasto para sostener la actividad económica, el empleo y las empresas.
La evolución de la deuda respecto al PIB refleja tanto el endeudamiento acumulado como los cambios en el tamaño de la economía.
| Año | Deuda pública sobre PIB |
|---|---|
| 2016 | 102,0% |
| 2017 | 101,2% |
| 2018 | 99,8% |
| 2019 | 97,7% |
| 2020 | 119,3% |
| 2021 | 115,7% |
| 2022 | 109,3% |
| 2023 | 105,3% |
| 2024 | 101,4% |
| 2025 | 100,5% |
La tendencia muestra tres etapas diferenciadas. Entre 2016 y 2019, la ratio de deuda disminuyó progresivamente, favorecida por el crecimiento económico y la mejora de las cuentas públicas.
En 2020, la pandemia elevó el indicador hasta el 119,3% del PIB. Desde entonces, España ha reducido gradualmente su endeudamiento relativo, aunque el volumen nominal de deuda continúa creciendo.
A finales de 2025, el saldo representaba todavía el 100,7% del PIB según el Banco de España, un punto menos que un año antes.
Qué medidas permitirían reducir la deuda pública española
Los organismos económicos coinciden en que España necesita mantener una estrategia de consolidación fiscal para reducir el endeudamiento. El objetivo no consiste únicamente en recortar gastos, sino también en mejorar los ingresos, aumentar la productividad y garantizar la sostenibilidad de las prestaciones públicas.
La OCDE y el Fondo Monetario Internacional (FMI) han planteado diferentes recomendaciones para mejorar las cuentas públicas y afrontar el envejecimiento de la población.
Entre las principales medidas destacan las siguientes:
– Revisar el gasto público: analizar qué partidas generan mejores resultados y eliminar gastos ineficientes. La OCDE propone utilizar evaluaciones periódicas para mejorar la asignación de recursos y evitar inversiones con escaso retorno económico o social.
– Reformar el sistema tributario: ampliar las bases imponibles, reducir determinadas exenciones y revisar los tipos reducidos del IVA. El FMI recomienda armonizar progresivamente los tipos, acompañando los cambios de ayudas específicas para los hogares vulnerables.
– Aumentar la productividad y el empleo: facilitar la incorporación de trabajadores al mercado laboral y mejorar la productividad empresarial. Una economía que genera más riqueza amplía la recaudación y facilita la reducción del peso de la deuda sobre el PIB.
– Contener el gasto asociado al envejecimiento: revisar la sostenibilidad financiera de las pensiones y anticipar las necesidades de sanidad y dependencia. El FMI y la OCDE advierten de que el aumento de estos gastos puede presionar las cuentas públicas durante las próximas décadas.
– Establecer una estrategia fiscal a medio plazo: fijar objetivos presupuestarios claros y medidas concretas para alcanzarlos. El FMI considera necesario acelerar la consolidación fiscal mientras el crecimiento económico permite reconstruir reservas financieras.
– Reforzar la supervisión presupuestaria: mejorar el control del gasto de las administraciones central, autonómica y local. AIReF desempeña un papel relevante mediante sus evaluaciones y revisiones de políticas públicas.
– Priorizar inversiones que generen crecimiento: mantener recursos para infraestructuras, investigación, innovación y formación. Estas inversiones pueden elevar el PIB potencial y contribuir a reducir la ratio de deuda a largo plazo.
Qué normativa europea regula la deuda pública
La Unión Europea establece un marco común para garantizar la estabilidad de las finanzas públicas de sus Estados miembros. Las principales referencias se encuentran en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
Los criterios tradicionales fijan dos límites de referencia:
Déficit público: no debe superar el 3% del PIB.
Deuda pública: debe situarse por debajo del 60% del PIB.
Cuando un Estado supera estos umbrales, puede quedar sometido al procedimiento de déficit excesivo, que obliga a adoptar medidas correctoras.
En 2024, la UE reformó su marco de gobernanza económica para adaptar las reglas fiscales a las necesidades de inversión y sostenibilidad de cada país. El nuevo sistema entró en vigor el 30 de abril de ese año y comenzó a aplicarse plenamente en 2025.
La reforma introduce planes fiscales estructurales a medio plazo, con trayectorias de gasto neto adaptadas a la situación de cada Estado. Los países con una deuda superior al 90% del PIB deben reducir su ratio, como mínimo, un punto porcentual anual durante el periodo de referencia de ajuste. Para aquellos con deuda entre el 60% y el 90%, la reducción mínima es de medio punto porcentual.
España debe combinar, por tanto, la reducción progresiva de su endeudamiento con políticas que mantengan el crecimiento económico y permitan financiar servicios públicos e inversiones estratégicas.
