Las elecciones tienen un precio mucho antes de que los ciudadanos depositen su voto.
El desplazamiento de los candidatos por las principales provincias, los actos multitudinarios, la publicidad, los equipos de comunicación y la propaganda postal forman parte de una maquinaria política que necesita millones de euros para funcionar.
A ese desembolso se suma el coste de preparar los colegios electorales, fabricar papeletas, desplegar a las fuerzas de seguridad y pagar a quienes integran las mesas.
Las elecciones generales del 23 de julio de 2023 permiten dimensionar esta factura. Su organización costó 220,87 millones de euros, según el Ministerio del Interior.
Si se añaden los 58 millones de euros en gastos electorales de los partidos considerados justificados por el Tribunal de Cuentas, la movilización económica se aproxima a los 279 millones.
El coste de mover a los candidatos por España
La precampaña es uno de los periodos menos transparentes desde el punto de vista presupuestario. No existe una cifra oficial consolidada que permita conocer cuánto gastan los partidos en trasladar a sus candidatos por las provincias, organizar reuniones o preparar actos políticos antes de la convocatoria electoral.
Sin embargo, sí existe una referencia sobre el gasto que puede incorporarse a las cuentas electorales.
La Ley Orgánica del Régimen Electoral General contempla los desplazamientos de candidatos, dirigentes y trabajadores de las formaciones, el alquiler de espacios para actos, la remuneración de personal contratado, la publicidad y el funcionamiento de las oficinas electorales.
El transporte constituye una de las partidas necesarias para organizar una campaña nacional. Los viajes en avión, tren o vehículos, los alojamientos y los desplazamientos de los equipos de comunicación acompañan a los candidatos en sus visitas a diferentes circunscripciones.
A ello se suma la producción de actos electorales. Los mítines requieren espacios, equipos de sonido, iluminación, escenarios, personal técnico, acreditaciones y dispositivos de organización. Las campañas también necesitan fotógrafos, operadores de vídeo, responsables de redes sociales, asesores y equipos de prensa.
El presupuesto del PSOE para las generales de julio de 2023, quienes acabaron gobernando, por ejemplo, ascendía a 17,63 millones de euros. De esa cantidad, 10,83 millones correspondían a la campaña y 6,81 millones al envío de propaganda electoral. Dentro del presupuesto de campaña figuraban 2,49 millones para actos públicos, 1,92 millones para publicidad en prensa y radio y otros 1,92 millones para carteles y publicidad exterior.
La cifra permite visualizar cómo se distribuye el dinero de una candidatura nacional, aunque no representa el coste total de la precampaña ni el presupuesto conjunto de todas las formaciones.
Correos, papeletas y colegios: la factura de las elecciones
La organización material de unas elecciones representa la mayor parte del gasto público. En julio de 2023, el Ministerio del Interior presupuestó 220,87 millones de euros para garantizar el funcionamiento de la jornada electoral.
El reparto de las principales partidas muestra dónde se concentra el dinero:
- Correos: 101,5 millones de euros. Es la partida más elevada, con casi el 46% del presupuesto organizativo. Incluye los servicios postales y la gestión del voto por correo, además de los envíos electorales correspondientes.
- Administraciones públicas: 81,19 millones. Representan el 36,76% del presupuesto. Incluyen los gastos de gestión y organización administrativa, así como los recursos necesarios para desplegar el proceso electoral.
- Logística electoral: 22,57 millones. Supone algo más del 10% del gasto. Comprende la preparación y distribución de los materiales y recursos necesarios para las votaciones.
- Difusión de resultados: 13,41 millones. El 6,07% del presupuesto se destina a las telecomunicaciones, recogida y difusión del escrutinio provisional.
- Imprevistos: 2,2 millones. Una reserva cercana al 1% permite afrontar necesidades extraordinarias.
Estas partidas reflejan el coste de una infraestructura que debe funcionar simultáneamente en miles de municipios y colegios electorales.
Cuánto cobran los miembros de las mesas electorales
Uno de los gastos más reconocibles de la jornada electoral es la remuneración de los ciudadanos que forman las mesas.
En las elecciones generales de 2023 se constituyeron 60.314 mesas electorales en 22.562 locales. Para garantizar su funcionamiento fueron designados 180.942 titulares, entre presidentes y vocales, además de 361.884 suplentes.
La dieta establecida para los titulares es de 70 euros por persona y jornada. Esto significa que cada mesa genera 210 euros en remuneraciones, siempre que sus tres miembros titulares desempeñen sus funciones.
Aplicando esta cantidad a las 60.314 mesas de las generales de 2023, el desembolso teórico en dietas de los titulares alcanza los 12,67 millones de euros. Es una estimación basada en el número de mesas y la remuneración oficial, no el importe total de la partida logística.
Los suplentes no cobran automáticamente: únicamente tienen derecho a la dieta cuando pasan a ejercer como titulares.
Una campaña financiada con dinero público y créditos
El dinero que gastan los partidos tampoco procede exclusivamente de sus recursos propios. Las formaciones con representación parlamentaria pueden recibir subvenciones electorales en función de los resultados obtenidos.
En las elecciones generales, el Estado establece una cantidad por cada escaño conseguido y otra por los votos obtenidos por las candidaturas que cumplen los requisitos legales. También existen ayudas para financiar el envío de propaganda electoral.
En 2023, las formaciones políticas declararon ingresos electorales por 57 millones de euros. El Tribunal de Cuentas identificó que el 63% procedía de préstamos bancarios, el 24% de anticipos de subvenciones y el 12% de recursos propios de los partidos. Las aportaciones privadas representaron aproximadamente el 1%.
El organismo fiscalizador consideró justificados 58 millones de euros de gastos electorales, de los cuales 33 millones correspondían a operaciones ordinarias y 25 millones al envío de propaganda.
La legislación establece, además, un límite de gasto electoral para las generales calculado a partir de la población de las circunscripciones en las que cada formación presenta candidaturas. En 2023, ese límite se fijó en 0,37 euros por habitante.
El precio de unas elecciones, por tanto, no se limita a la publicidad o a los mítines. Es una operación económica que combina financiación política, endeudamiento, subvenciones públicas y una infraestructura administrativa que debe garantizar que millones de ciudadanos puedan votar.
