– Cree que la medida es «injusta, distorsionadora y contraproducente» y no descarta iniciativas legales
MADRID, 29 (SERVIMEDIA)
CaixaBank estima que el nuevo impuesto a la banca del 4,8% sobre intereses y comisiones les supondrá entre 400 y 450 millones de euros el primer año de aplicación, en 2023, sobre las cifras obtenidas en 2022, según sus cálculos preliminares.
El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, apuntó esta cifra en la rueda de prensa para detallar los resultados obtenidos por la entidad en el primer semestre en el que obtuvo 1.573 millones de euros, un 17,1% más sin incluir los efectos extraordinarios derivados de la fusión con Bankia y tomando como base perímetros homogéneos.
Al ser preguntado por el impacto del impuesto sectorial de carácter temporal registrado ayer, jueves, por el PSOE y Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados a través de una proposición de ley, Gortázar indicó que, según cálculos preliminares, supondrá para el banco entre 400 y 450 millones para el año 2023 sobre las cifras previstas para 2022, mientras que para 2024 no disponen de estimaciones. Se trata de un impacto «muy significativo», según Gortázar, quien recordó que la tasa no es deducible fiscalmente.
El consejero delegado de CaixaBank calificó de «injusta, distorsionadora y contraproducente» la medida y lo justificó en que se ha planteado bajo la premisa de «unos resultados extraordinariamente elevados», lo cual «no es cierto» porque el resultado para este año de las tres mayores entidades españolas estará en línea con el de 2021, según analistas; se desconoce con certeza el impacto de la subida de los tipos de interés, y el sector tiene una «baja rentabilidad» y cotiza por debajo de su valor contable.
Gortázar también argumentó que el nuevo impuesto es «distorsionador» de la competencia porque no se aplica a todas, sino a las que ingresaran al menos 800 millones de euros brutos en concepto de intereses y comisiones en 2019, y porque tampoco afecta a «los famosos fondos buitre, el ‘shadow banking’ (banca en la sombra».
Del mismo modo, explicó que las guías de la Autoridad Bancaria Europea (EBA) piden repercutir «todos los costes», incluidos los tributarios, para fijar los precios para el crédito y la propuesta gubernamental de España con el nuevo impuesto «dice exactamente lo contrario» al establecer la prohibición de que no se traslade a los clientes.
En este sentido, Gortázar anticipó que el sector se dividirá entre repercutirlo y que se encarezca el crédito, o no repercutirlo y conceder menos crédito en un momento en el que «viene un empeoramiento claro de la economía».
De paso, recordó que el 30% de los beneficios de CaixaBank se dirigen a la obra social, con lo que avisó de que el flujo de recursos «va a ser menor» y «ahora es el momento cuando más obra social es necesaria».
El consejero delegado de CaixaBank también alegó que la banca ya paga un 30% a través del impuesto de Sociedades y si gana más, la recaudación pública subirá. «Incluso se puede plantear una subida adicional» que afecte al resultado, señaló, para rechazar que se aplique sobre ingresos por intereses y comisiones con el argumento de que el sector obtendrá beneficios extraordinarios. Precisamente el banco presentó hoy un margen de intereses un 3,6% inferior al obtenido hace un año en base comparable.
MEDIDAS LEGALES
Preguntado sobre si plantearán medidas legales para evitar pagar el nuevo impuesto, Gortázar dijo que se deben mantener «todas las opciones abiertas» y confió en que la proposición de ley mute hacia un texto «más acorde con lo que se está buscando».
«El Gobierno y los partidos tienen la obligación de proponer medidas ante esta situ económica, alabo que tengan esa preocupación, la cuestión es que esta concreta me parece que es injusta, distorsionadora y contraproducente» y «sería muy deseable dar un paso atrás», consideró.
Al ser preguntado sobre una posible alternativa consistente en que el Estado hubiera vendido su participación a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) en CaixaBank para recuperar las ayudas públicas inyectadas, Gortázar pidió diferenciar ambos. «Somos una entidad privada, tenemos nuestra propia opinión sobre la iniciativa del impuesto» y «otra cosa es que el Frob tenga un 16% y con esa participación, como cualquier otro accionista, puede decidir en algún momento reducirla y así lo han indicado», explicó.
«Tuviéramos o no al Frob como accionista, tendríamos una posición que no es favorable a la imposición de este tributo», aclaró.
