La Asociación Española de Banca (AEB), la confederación de cajas (CECA) y la Unión de Cooperativas de Crédito (Unacc) han puesto en marcha un espacio web del Observatorio de Inclusión Financiera, plataforma que crearon el año pasado con el objetivo de elaborar un mapa del acceso a servicios financieros en la España rural.
El espacio web del observatorio reflejará las medidas y los acuerdos alcanzados por el sector bancario para elevar el número de accesos a servicios financieros en España del 98% actual al 100% de la población.
Con este nuevo espacio, las tres entidades explican en un comunicado que el sector bancario reafirma su compromiso de garantizar la inclusión financiera, recogido en el punto 5 del ‘Protocolo Estratégico para Reforzar el Compromiso Social y Sostenible de la Banca y sus ampliaciones’ con especial incidencia en el medio rural y en los colectivos que demandan una atención más personalizada.
España tiene una de las redes bancarias más densas de la Unión Europea: es el tercer país con más puntos de acceso por habitante a los servicios financieros. El 98% de los adultos tiene una cuenta bancaria y el 98,6% reside en un municipio con acceso a servicios bancarios. En este contexto, el sector bancario despliega acciones para favorecer el acceso del 100% de la población a los servicios bancarios, a través de un marco de actuación con tres ejes: la inclusión en zonas rurales, la inclusión de colectivos como los mayores o con discapacidad y la inclusión a través de la formación.
Para mejorar la atención en el medio rural, las asociaciones bancarias han acordado recientemente una hoja de ruta con medidas dirigidas a los habitantes de los municipios que actualmente no cuentan con ningún punto de acceso presencial –e, incluso, nunca lo han tenido– o solo disponen de uno. Asimismo, se ha firmado un acuerdo de colaboración con Correos para favorecer el acceso al efectivo en zonas rurales a través del servicio Correos Cash.
A esto se suma el decálogo de medidas orientadas a mejorar la atención a las personas mayores o con discapacidad, con acciones como la ampliación de horarios de oficina, el trato preferente en la atención presencial o telefónica, la adaptación de canales de acceso como webs o apps, o las medidas de formación tanto para los empleados como para los clientes, en función de sus intereses.
