MADRID, 22 (SERVIMEDIA)
Los gestores administrativos estiman que las empresas pierden una media de 2.580 euros por el tiempo que se tarda en su constitución, según concluye un estudio que ha realizado el Colegio Oficial Gestores Administrativos de Madrid (Icogam), a través de su Observatorio de la Gestión Pública, en colaboración con la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM).
Para el estudio, además de la experiencia en este tipo de actividad por parte de los gestores administrativos, han utilizado los informes ‘Doing Business’ de 2015 y 2020 y han llevado a cabo una encuesta entre los socios de CEIM para conocer las dificultades que las empresas españolas sufren para constituir su empresa.
Una de las principales conclusiones del estudio es que el informe ‘Doing Business’ no tiene en cuenta el sistema burocrático español, donde no se pueden realizar los trámites necesarios para la constitución de la empresa de forma simultánea, sino que deben realizarse de forma secuencial; esto es, hasta que no se ha finalizado un trámite no se puede llevar a cabo el siguiente.
Si se tienen en cuenta también los tiempos para obtener cita previa tanto con el notario, con el banco y con las diferentes administraciones involucradas, así como previsibles atascos en los registros, «es imposible finalizar el proceso de constitución de una compañía en 12 días», afirmó el presidente del Icogam, Fernando Jesús Santiago Ollero.
Según la encuesta llevada a cabo entre los socios de CEIM, el período medio de constituir una empresa es de 84 días. Esta diferencia la justifica el presidente de los Gestores Administrativos en que «en la encuesta han participado empresas de todo tipo, desde empresas de servicios profesionales con procesos simples para su constitución hasta empresas industriales que requieren licencias sanitarias, de industria, o de otro tipo, con períodos más largos de aprobación».
El estudio también recoge que no se ha procedido, todavía y en general, a digitalizar los trámites para constituir una empresa, si no que se ha procedido a digitalizar la burocracia que hasta ahora existía en papel. «Lo que queremos decir es que se ha cogido el papel y se ha digitalizado, pero el proceso sigue siendo el mismo; lo que hay que hacer es digitalizar el trámite facilitando su realización, haciéndolo más sencillo para el ciudadano».
En su análisis, el OGP plantea una serie de acciones para tratar de corregir esta situación, facilitando así la constitución de compañías en España.
Las medidas que se proponen la creación de la figura del habilitado administrativo, sustituto del administrado en todas sus posiciones; habilitar la dirección electrónica única empresarial, en el momento de constitución de la Sociedad; exigir la implementación efectiva del derecho a no aportar aquella documentación que ya obre en poder de las administraciones, y sustituir el principio de tramitación secuencial por la simultánea (por ejemplo, no tener que disponer de la escritura de constitución para solicitar el CIF definitivo).
También defiende que la ventanilla del profesional no debería ser la misma que la del ciudadano, ya que suele ir más lenta, que el colaborador social tenga que precalificar el expediente, ya que la experiencia de los gestores administrativos demuestra que los expedientes que precalifican reducen notablemente la necesidad de subsanaciones; monitorizar por obligación legal las ineficacias de la Administración (citas previas, retrasos y expedientes rechazados), y minimizar el tiempo entre realidad y anotación administrativa (dar de alta un trabajador en la seguridad social en el momento que se incorpora al trabajo, cuando ésta es por la noche, como ejemplo).
Finalmente, propone implementar la colaboración público-privada en la digitalización de la administración (ejemplo de la DGT con las matriculaciones o con el permiso de conducir internacional), y hacer posible la videopersonación. En este terreno el Icogam y Firma Profesional han dado ya el primer paso, estando habilitados por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital para la expedición por el sistema de VideoID de certificados digitales cualificados.
En opinión de Fernando Santiago, «la Administración debería preocuparse más en facilitar los trámites para la constitución de las empresas que en inventar empresas que nacen quebradas, como recoge el proyecto de ley crea y crece, pues constituir una empresa por 1 euro no ayuda ni a hacerlo más rápido ni a que las empresas nazcan con la fortaleza necesaria para su desarrollo».
«Facilitar los trámites, establecer canales de financiación reales para los pequeños y medianos negocios y la constitución de estímulos fiscales y otros incentivos permitirá un mayor crecimiento del tejido productivo», finalizó Santiago.
