Los letrados de la Administración de Justicia irán a una huelga indefinida a partir del 24 de enero

MADRID, 08 (SERVIMEDIA)

Las principales asociaciones representativas de los letrados de la Administración de Justicia (antiguos secretarios judiciales) han convocado una huelga indefinida a partir del próximo 24 de enero, en reclamación de mejoras salariales que llevan años reivindicando.

Los letrados de la Administración de Justicia han celebrado ya paros de protesta los días 29 y 29 y 30 de noviembre y 14 y 15 de diciembre, con un amplio seguimiento. De esas protestas han salido compromisos difusos que no se han concretado.

Ahora, los convocantes denuncian que la ministra de Justicia, Pilar Llop, no ha convocado desde entonces al Comité de huelga, ni he hecho «el más mínimo intento de solucionar el conflicto generado por el incumplimiento de los compromisos acordados con el colectivo».

Ante esta situación, se unen para convocar la huelga indefinida el Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ), la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ) y la Asociación Independiente de Letrados de la Administración de Justicia (AINLAJ).

Estas organizaciones aseguran lamentar «los inevitables perjuicios que esta huelga ocasionará de nuevo para los ciudadanos, los profesionales y resto de operadores jurídicos, y denunciamos la profunda irresponsabilidad política de la señora Ministra de Justicia que vuelve a asumir el daño al servicio público».

Cerca de 4.000 letrados de la Administración de Justicia están, por tanto, llamados a la huelga a partir del 24 de enero sin fecha para su finalización. Reclaman adecuación salarial y esgrimen que llevan «asumiendo nuevas funciones procesales y responsabilidades desde el año 2009 en Juzgados y Tribunales» constituyendo desde entonces los máximos responsables del impulso y funcionamiento efectivo de los juzgados.

Sin embargo, denuncian, hasta la fecha dicha responsabilidad y carácter directivo no ha sido remunerado, constituyendo los funcionarios de la Administración del Estado de mayor rango (nivel A1) con una desigualdad salarial de 1.000 euros con respecto a los de la misma clase como jueces y fiscales.