El sistema sanitario español garantiza el acceso a los medicamentos mediante un modelo de financiación pública que reduce el coste que deben asumir los pacientes cuando reciben una receta del Sistema Nacional de Salud (SNS).
No todos los fármacos están financiados ni todos los ciudadanos pagan la misma cantidad por ellos.
El porcentaje que asume la Administración depende de diversos factores, como la situación laboral, el nivel de renta, la edad o el tipo de tratamiento.
La financiación de los medicamentos constituye una de las principales partidas del gasto sanitario público.
Cada año, las administraciones destinan miles de millones de euros a sufragar parcialmente el coste de los medicamentos prescritos por los profesionales del sistema público, con el objetivo de garantizar el acceso a tratamientos eficaces sin que el precio suponga una barrera para los pacientes.
Conviene aclarar que la financiación no la realiza directamente la Seguridad Social, sino el Sistema Nacional de Salud, financiado mediante impuestos y gestionado conjuntamente por el Estado y las comunidades autónomas.
La Seguridad Social interviene principalmente en la gestión de prestaciones y en la determinación de algunas situaciones administrativas de los beneficiarios, pero la prestación farmacéutica forma parte de la cartera común del SNS.
Qué medicamentos están financiados
No todos los medicamentos que se comercializan en España reciben financiación pública. Antes de incorporarse a la prestación farmacéutica, cada medicamento pasa por un proceso de evaluación en el que se analiza su eficacia, su seguridad, la necesidad terapéutica que cubre y el impacto económico que tendrá para las arcas públicas.
El Ministerio de Sanidad, tras valorar los informes técnicos y las recomendaciones de los organismos competentes, decide si un medicamento será financiado total o parcialmente por el sistema público.
En esta decisión también se negocia el precio oficial que tendrá el medicamento cuando sea dispensado con receta.
Entre los criterios que se tienen en cuenta destacan:
- La gravedad de la enfermedad que trata.
- La existencia o no de alternativas terapéuticas.
- La relación entre beneficio clínico y coste.
- El impacto presupuestario para el Sistema Nacional de Salud.
- El grado de innovación que aporta el medicamento.
Por este motivo, algunos medicamentos muy recientes o destinados a patologías concretas pueden tener restricciones de financiación o requerir autorizaciones especiales para su dispensación.
Cómo funciona el sistema de copago farmacéutico
Cuando un médico del Sistema Nacional de Salud prescribe un medicamento financiado, el paciente no paga necesariamente el precio completo. El coste se reparte entre la Administración y el usuario mediante el denominado copago farmacéutico.
La parte que corresponde pagar al ciudadano depende principalmente de su situación administrativa y, en muchos casos, de su nivel de ingresos.
Los trabajadores en activo son quienes realizan una mayor aportación económica. Con carácter general, el porcentaje oscila entre el 40 % y el 60 % del precio del medicamento financiado.
Los trabajadores con rentas inferiores a determinados umbrales suelen abonar el 40 %. A medida que aumenta el nivel de ingresos, el porcentaje puede elevarse hasta el 50 % o incluso el 60 % para quienes superan los niveles de renta establecidos por la normativa.
El resto del importe es asumido por el Sistema Nacional de Salud.
Qué pagan los pensionistas
La situación cambió de forma importante con la reforma del copago farmacéutico de 2012.
Hasta entonces, los pensionistas obtenían los medicamentos financiados de forma prácticamente gratuita.
Actualmente también realizan una aportación, aunque considerablemente inferior a la de los trabajadores en activo.
En la mayoría de los casos pagan el 10 % del precio del medicamento, pero con límites mensuales máximos que dependen igualmente de su renta. Una vez alcanzado ese tope durante un mes, el resto de medicamentos financiados pueden obtenerse sin realizar nuevos pagos hasta el inicio del siguiente periodo.
Este sistema pretende evitar que las personas con tratamientos crónicos soporten un gasto farmacéutico excesivo.
Beneficiarios y colectivos exentos
Existen determinados colectivos que están completamente exentos del copago farmacéutico y reciben los medicamentos financiados sin coste alguno.
Entre ellos se encuentran las personas afectadas por determinadas enfermedades profesionales, quienes perciben determinadas prestaciones sociales específicas, los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital, algunos menores con discapacidad reconocida, las personas afectadas por síndrome tóxico y otros colectivos protegidos expresamente por la legislación.
Asimismo, determinados tratamientos asociados a accidentes laborales o enfermedades profesionales pueden contar con un régimen específico de financiación.
Los beneficiarios de un asegurado, como hijos o cónyuges incluidos en su cobertura sanitaria, aplican el mismo régimen de aportación que corresponda según la situación administrativa y económica establecida para su caso.
Qué ocurre con los medicamentos no financiados
Cuando un medicamento no forma parte de la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud, el paciente debe asumir íntegramente su coste, incluso aunque haya sido prescrito por un médico.
Esta situación es habitual en algunos medicamentos considerados de bajo valor terapéutico, determinados productos destinados al alivio de síntomas leves, algunos tratamientos innovadores pendientes de evaluación o medicamentos cuya financiación ha sido retirada por motivos de eficiencia.
También ocurre con numerosos productos sanitarios, complementos nutricionales o medicamentos de venta libre, cuya adquisición corre completamente a cargo del consumidor.
La receta electrónica facilita el control del gasto
La implantación generalizada de la receta electrónica ha permitido mejorar notablemente la gestión de la financiación pública de los medicamentos.
El sistema verifica automáticamente si el medicamento está financiado, identifica el porcentaje de aportación que corresponde al paciente y aplica los límites mensuales previstos para determinados colectivos, especialmente pensionistas.
Además, facilita el seguimiento de los tratamientos, reduce errores en la dispensación y permite a las administraciones sanitarias controlar con mayor precisión el gasto farmacéutico y detectar posibles ineficiencias.
Gracias a este modelo, España mantiene uno de los sistemas de acceso a medicamentos financiados más amplios de Europa, combinando la protección de los pacientes con mecanismos de control del gasto público mediante un sistema de copago ajustado a las circunstancias económicas y personales de cada ciudadano.
