La inflación vuelve a ganar fuerza en España y amenaza con frenar la recuperación del poder adquisitivo de los hogares. El Índice de Precios de Consumo (IPC) subió al 4,9% interanual en septiembre, seis décimas más que en agosto y su mayor nivel desde febrero de 2023. La subida coincide con las negociaciones para elevar el salario mínimo interprofesional (SMI) en 2027 y con un escenario de mayores costes de financiación.
El problema no se limita a que los productos sean más caros. La cuestión económica es cuánto margen queda para consumir, ahorrar o asumir nuevas deudas cuando los ingresos no evolucionan al mismo ritmo que los gastos. El repunte de los precios también introduce nuevas dificultades para las empresas, que deben decidir cuánto de sus costes pueden trasladar a sus clientes sin perder demanda.
1. La inflación española supera a la europea y encarece gastos cotidianos
El último dato del Instituto Nacional de Estadística (INE) muestra que el encarecimiento de los precios ha recuperado intensidad. La inflación subyacente, que excluye los alimentos no elaborados y los productos energéticos, alcanzó el 3,1%, dos décimas más que en agosto. Esto apunta a que la presión sobre los precios no se limita al indicador general, aunque ambos índices responden a componentes distintos.
La comparación europea también resulta relevante. El índice de precios de consumo armonizado situó la inflación española en el 5% en septiembre, frente al 3,8% de la eurozona. Esta diferencia ayuda a explicar por qué los hogares españoles pueden percibir una pérdida de capacidad de compra más intensa que la sugerida por la evolución media de los precios en Europa.
Hay, además, tres movimientos que conviene observar:
Transporte: los precios aumentaron un 10,5% interanual. El INE atribuye buena parte del avance al encarecimiento de los combustibles y a la evolución de los billetes de avión.
Vivienda: el grupo registró un incremento mensual del 1,1% en septiembre, impulsado por la electricidad y los combustibles líquidos.
Vestido y calzado: sus precios subieron un 6,9% mensual por el comienzo de la temporada de otoño-invierno. Este último movimiento tiene un componente estacional y no debe interpretarse como una subida permanente al mismo ritmo.
La combinación importa porque no todos los hogares tienen la misma exposición a estas partidas. Una familia que depende del coche para trabajar o vive en una vivienda con determinados sistemas de calefacción puede sufrir un impacto distinto al de otra con menos gastos en transporte o energía.
2. La subida salarial puede no compensar el coste de la vida
El debate sobre el SMI para 2027 añade otra dimensión a la evolución de los precios. El Ministerio de Trabajo prepara una subida que podría rondar el 5%, mientras que los sindicatos reclaman un incremento del 7%. La cifra definitiva todavía está pendiente.
El SMI vigente en 2026 es de 1.221 euros mensuales en 14 pagas, equivalentes a 17.094 euros brutos anuales para una jornada completa.
Si se aplicara una subida del 5%, el salario pasaría a unos 1.282 euros mensuales en 14 pagas. Se trata de una simulación, no de una cuantía aprobada.
La comparación con el IPC requiere cautela. La inflación mide la variación interanual de los precios, mientras que el incremento salarial propuesto se aplicaría en otro periodo. Por tanto, no puede afirmarse que ambas cifras se compensen automáticamente. También influyen las cotizaciones, la fiscalidad, la composición de los gastos familiares y la evolución de los salarios del resto de la economía.
2.1. El efecto menos visible: el ahorro y los márgenes empresariales
Una subida salarial puede mejorar los ingresos nominales, pero su efecto real depende de cuánto aumente el coste de la vida durante el periodo analizado.
Para los hogares con poca capacidad de ahorro, una parte importante de cualquier mejora puede destinarse directamente a cubrir recibos, desplazamientos y compras habituales.
Las empresas afrontan un dilema paralelo. Si los costes laborales, energéticos y financieros aumentan, pueden intentar absorberlos mediante una reducción de sus márgenes, trasladarlos a los precios o aplazar inversiones. La decisión dependerá de su sector, productividad, competencia y capacidad para negociar con proveedores.
El escenario tampoco implica necesariamente una recesión.
Se prevé que la economía española crezca un 2,6% en 2026 y un 2,1% en 2027, aunque advierte de que la inflación y los mayores costes energéticos y financieros pueden moderar la actividad.
La clave de los próximos meses será comprobar si el repunte de los precios es transitorio o se extiende a más bienes y servicios. Si la inflación permanece elevada, el crecimiento económico podría convivir con una sensación persistente de pérdida de bienestar: más actividad y empleo, pero menos margen disponible para determinados hogares y negocios.
