Parece que ya es un hecho que el Gobierno de España ha alcanzado un acuerdo con los principales sindicatos para elevar el salario mínimo interprofesional un 3,1% hasta situarlo en aproximadamente 1.221 € brutos al mes en 14 pagas.
Esta actualización, pactada entre el Ministerio de Trabajo, CCOO y UGT, se encuentra pendiente de aprobación formal en el próximo Consejo de Ministros y, posteriormente, su publicación en el BOE, y se prevé que entre en vigor con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2026.
Beneficiará a cerca de 2,5 millones de personas trabajadores, siendo la sexta subida consecutiva del SMI acordada fuera del respaldo de las patronales.
Además del SMI, los convenios colectivos pactados a comienzos de 2026 reflejan incrementos salariales medios del 2,87 %, ligeramente superiores al IPC de enero y que suponen pequeñas mejoras de poder adquisitivo para los trabajadores sujetos a esos acuerdos.
Evolución de los salarios en la última década, ¿suficiente para mejorar la calidad de vida?
Durante la última década los salarios en España han mostrado una tendencia al alza, pero con dinámicas distintas según el tramo salarial y el contexto económico.
Desde 2018 el Gobierno ha aumentado el SMI en múltiples ocasiones, acumulando una subida sustancial respecto a niveles anteriores.
Sin embargo, el Índice de Precios de Consumo (IPC) ha evolucionado de manera que los salarios reales han ganado poco poder de compra en muchos casos. En varios periodos de alta inflación, los incrementos salariales ofrecidos por muchos convenios han quedado apenas por encima o incluso por debajo del crecimiento de los precios, lo que ha limitado la mejora del salario real.
La cesta de la compra y otros componentes básicos del coste de la vida —como vivienda, energía y transporte— han subido de forma continua en estos años también, con variaciones acumuladas que superan las mejoras salariales si se mide en la serie histórica más amplia.
“Aunque el SMI y los sueldos medios han registrado incrementos nominales relevantes, la inflación que han sufrido bienes y servicios básicos ha erosionado el poder adquisitivo real de muchos hogares. Para mantener el mismo nivel de poder de compra que en años anteriores, los salarios deberían haber subido más de lo que lo hicieron en términos reales, siendo inviable para las empresas” explican los expertos.
Lo que supone para la empresa privada esa subida de costes
Para las empresas privadas, cada incremento salarial representa un aumento de costes laborales directos.
Las subidas del SMI y las alzas pactadas en convenios colectivos implican mayores retribuciones que las compañías deben asumir, ya sea mediante mayores salarios o mayores cotizaciones y costes asociados.
En sectores con márgenes ajustados o alta presencia de pequeñas y medianas empresas, estas subidas pueden tensionar los resultados, especialmente si no van acompañadas de mejoras significativas en productividad o en la demanda agregada.
Al mismo tiempo, una empresa con costes laborales más altos puede verse obligada a ajustar precios, reducir márgenes o modificar modelos de empleo (por ejemplo, externalizando servicios, automatizando procesos o revisando cargas de personal) si no consigue trasladar esos costes al mercado. Empresas de menor tamaño y sectores intensivos en mano de obra —como la hostelería o ciertos servicios— suelen mostrar una mayor sensibilidad a incrementos puntuales en el salario mínimo, dado que representan una proporción más elevada de sus gastos totales.
No obstante, el impacto no es uniforme: una subida salarial puede también estimular la demanda interna al mejorar el consumo de quienes reciben un mayor ingreso disponible, lo que puede traducirse en mayores ventas para determinadas empresas. Esta relación entre salarios más altos y alguna recuperación de la demanda interna es uno de los argumentos habituales en el debate económico, aunque también se contrasta con la preocupación empresarial por el coste acumulado de subidas periódicas y la necesidad de ajustar estructuras de coste en un entorno competitivo.
Comparación de sueldos en Europa y ejemplos prácticos: comprar una vivienda
Si se comparan los niveles salariales en España con otros países europeos, existe una notable heterogeneidad.
Alemania, los Países Bajos o los países nórdicos muestran salarios medios más elevados y un coste de la vida que también es alto, pero donde el equilibrio entre ingreso y coste puede resultar más favorable en ciertos tramos.
En España, los sueldos medios se sitúan por debajo de muchos países de Europa Occidental, mientras que los precios de la vivienda han registrado subidas importantes desde 2020, dificultando la accesibilidad para quienes ganan salarios relativamente bajos o medios.
En el caso de la compra de vivienda en España, los plazos de amortización se han convertido en un factor clave para poder acceder al mercado. La práctica habitual es firmar hipotecas a 25 o 30 años, y no es extraño que muchos hogares estiren el plazo máximo permitido por las entidades financieras para reducir la cuota mensual. Según los criterios de solvencia que utilizan los bancos y las recomendaciones del Banco de España, el esfuerzo financiero debería permitir que el préstamo quede completamente amortizado antes de la jubilación y que exista un margen suficiente frente a subidas de tipos de interés. En la práctica, esto significa que muchas personas jóvenes que acceden hoy a una vivienda en propiedad lo hacen asumiendo un compromiso de pago que se extiende durante prácticamente toda su vida laboral, lo que reduce de forma notable su capacidad de ahorro y su margen ante imprevistos.
En paralelo, el otro gran condicionante es qué parte del salario debe destinarse a la vivienda. El umbral de referencia más utilizado en Europa —empleado tanto por Eurostat como por la OECD— sitúa el esfuerzo razonable en torno al 30 % de los ingresos netos del hogar. Sin embargo, en los grandes mercados urbanos y en zonas de alta demanda, la compra de una vivienda obliga con frecuencia a destinar porcentajes superiores al 35 % o incluso al 40 % del salario, especialmente en hogares con rentas medias o cercanas al salario mínimo. Esta desviación respecto al estándar europeo implica que, aunque los salarios hayan subido en términos nominales, la capacidad real para acceder a una vivienda en propiedad sigue siendo limitada, ya que una parte cada vez mayor del ingreso mensual queda comprometida durante décadas al pago de la hipoteca.
