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Por qué es tan polémico el acuerdo de la UE con Mercosur

El acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) lleva más de 20 años negociándose.

En 2019 se anunció un principio de acuerdo, pero desde entonces su ratificación está bloqueada por la oposición de varios países y sectores, especialmente agrícolas.

«En 2024–2025, la Comisión Europea ha intensificado los intentos de cerrarlo, lo que ha reavivado el conflicto», explican fuentes de la estructura de la UE.

El núcleo del problema es sencillo: liberaliza el comercio agrícola entre dos bloques con normas, costes y exigencias muy diferentes, generando un fuerte desequilibrio.

Por qué el acuerdo es perjudicial para la agricultura y ganadería europeas

El sector agrícola europeo es uno de los más regulados del mundo.

El acuerdo con Mercosur introduce productos que no cumplen las mismas condiciones, pero competirían en el mismo mercado.

Competencia desleal en costes y normas

Los productores de Mercosur tienen ventajas estructurales claras:

  • Uso de fitosanitarios y pesticidas prohibidos en la UE
  • Normas mucho más laxas en bienestar animal
  • Menores exigencias laborales y salariales
  • Costes de tierra y producción significativamente más bajos

Esto permite exportar carne de vacuno, aves, azúcar, arroz o soja a precios con los que el productor europeo no puede competir sin pérdidas ya que la regulación le lleva a proteger, desde sus ganaderías o cultivos, al consumidor, evitando una serie de productos químicos que, siendo más baratos, se ha demostrado que son perjudiciales. Una legislación no existente en Mercosur.

Impacto directo en sectores sensibles

El acuerdo prevé cuotas de importación con arancel reducido o cero para productos clave como la carne de vacuno, de ave, el azúcar y etanol o el maíz y soja – ya sea directa o indirectamente vía piensos -.

Estos sectores ya operan con márgenes muy ajustados en Europa. La entrada de grandes volúmenes de producto más barato presiona los precios a la baja y acelera el abandono de explotaciones, especialmente las familiares.

Contradicción con el Pacto Verde Europeo

Mientras la UE exige a sus agricultores la reducción de pesticidas, el control de emisiones o los costes de sostenibilidad, el acuerdo permite importar productos que no cumplen esas exigencias desde Mercosur, lo que muchos agricultores resumen así:

“Nos piden producir más caro para competir con quien produce más barato y sin reglas”.

Por qué Alemania y parte de la UE lo apoyan pese a estas consecuencias

El apoyo al acuerdo no es agrícola, sino industrial, geopolítico y estratégico. Para Alemania hay una serie de intereses lejos de lo que regula el acuerdo.

Se trata de intereses industriales y exportadores de sectores como automóviles, maquinaria industrial o productos químicos, entre otros. De firmarse, el acuerdo elimina o reduce aranceles altos a estos productos, favoreciendo a las multinacionales exportadoras por encima de las pymes agrícolas.

La Comisión Europea y varios Estados miembros ven el acuerdo como una forma de reducir la influencia china en Sudamérica, consiguiendo así un acceso preferente a materias primas y proteínas vegetales.

Este enfoque prioriza la política exterior y la seguridad económica sobre el equilibrio interno del sector agrario.

Puntos clave del acuerdo que explican el conflicto

  • Liberalización agrícola asimétrica
  • Mercosur gana acceso a un mercado de alto poder adquisitivo para sus productos primarios
  • La UE gana acceso industrial a economías con menor capacidad de consumo
  • Falta de cláusulas espejo efectivas

Sin embargo, no existen mecanismos sólidos que obliguen a Mercosur a cumplir los mismos estándares sanitarios, ambientales y laborales, a garantizar controles equivalentes en origen o a cumplir con las llamadas cláusulas de sostenibilidad.

Si se ratifica este acuerdo:

  1. Se refuerza el modelo de importar alimentos más baratos de terceros países
  2. Se debilita la posición del agricultor europeo en futuras negociaciones
  3. Se vacía de contenido la política agrícola común como herramienta de soberanía alimentaria