Durante años, Andorra ha se ha valido de un modelo con una batería de condiciones fiscales más accesibles y flexibles que otros países vecinos.
Sin embargo, 2026 ha llegado con novedades que tornan sus políticas fiscales a unas alineadas con los países limítrofes y que son más restrictivas. Entre ellas: el aumento de los requisitos de inversión para la obtención de residencia pasiva, la conversión de parte de los depósitos exigidos en pagos no reembolsables al Estado y un endurecimiento general de las condiciones de acceso a la residencia fiscal para inversores y emprendedores.
Aunque, en teoría, las transformaciones buscan conservar la atracción de talento e inversión sin sacrificar la sostenibilidad social del mercado inmobiliario ni la calidad de los servicios públicos, al mismo tiempo suponen elevar el umbral de entrada para nuevos residentes y empresarios en 2026 siendo mucho más complicados si no se dispone de un gran patrimonio.
En la última década fue considerada por muchos emprendedores y profesionales europeos como un destino fiscal atractivo dentro de Europa: un sistema con tipo máximo del impuesto sobre la renta personal y societaria en torno al 10 %, ausencia de tributos sobre patrimonio y sucesiones, y una economía con bajos costes impositivos que contrastaban con países como España o Francia.
Estas condiciones contribuyeron a que figuras públicas y empresarios con ingresos significativos de la Unión Europea optaran por establecer su residencia fiscal y domicilio económico en el Principado para reducir su carga tributaria.
Qué exige el Gobierno andorrano a partir de enero 2026
1. Requisitos de inversión para residencia pasiva
Hasta hace escasos meses, obtener una residencia pasiva implicaba una inversión mínima de aproximadamente €600 000 en activos andorranos, junto con un depósito a la Autoritat Financera Andorrana (AFA) que era reembolsable tan pronto el residente dejaba el país.
Con los cambios de 2026:
El umbral de inversión mínima se incrementa sustancialmente a un millón de euros, situando el acceso a esta vía entre las opciones más exigentes de Europa.
Se contempla una alternativa reducida de €400 000 si la inversión se canaliza a través de un fondo de vivienda social (Housing Fund).
Los pagos a la Administración derivados de permisos y fianzas pasan a ser no reembolsables, lo que transforma un depósito en un gasto definitivo para el solicitante.
Estos criterios buscan, según fuentes de la legislación aprobada, «atraer residentes con elevada capacidad económica que contribuyan de forma más significativa al desarrollo local y al sostenimiento de los servicios públicos, sin depender exclusivamente de retornos fiscales o de mercado inmobiliario especulativo».
2. Depósitos y tasas no reembolsables
Además de la inversión mínima, la cuota de €50 000 pagada por el solicitante principal y €12 000 por cada dependiente se convierte en pago definitivo al Estado, en lugar de una fianza recuperable ante la AFA. Esta financiación está destinada a apoyar servicios públicos como salud, educación y transporte, según argumentos del legislador andorrano.
3. Residencia activa y emprendimiento
Para quienes desean emprender y generar actividad económica en Andorra (residencia activa por cuenta propia o ajena):
Se mantiene la exigencia de residir al menos 183 días al año en el Principado para consolidar la residencia fiscal.
La creación de empresas requiere cumplir con criterios de presencia física, actividad probada y aportes sociales al sistema andorrano de seguridad social (CASS).
El antiguo requisito de depósito de €50 000 sigue vigente en algunos casos, pero ahora con un componente no reembolsable significativamente mayor para determinados permisos.
4. Control migratorio y mercado laboral
Las reformas recientes incluyen mecanismos para:
Restringir el cambio de sector para trabajadores extranjeros.
Ampliar el control sobre la autorización y renovación de permisos de trabajadores autónomos o profesionales regulados.
Fortalecer la tramitación de permisos temporales basados en una contratación en origen.
Estas medidas pretenden alinear la inmigración laboral con las necesidades de la economía local y evitar segmentación del mercado de trabajo.
Consecuencias para los ya residentes y para futuros vecinos y empresarios
Para residentes y empresarios actuales
Conservación de derechos adquiridos, salvo disposiciones transitorias: Las solicitudes presentadas antes de la entrada en vigor de la nueva legislación se espera que se tramiten bajo las reglas previas, evitando cambios retroactivos.
Riqueza de requisitos para renovaciones: Los residentes pasivos y activos existentes deberán cumplir controles más estrictos de presencia efectiva, cobertura sanitaria continua y evidencia de actividad económica, según los nuevos criterios.
Incremento de coste efectivo de permanencia: La conversión de depósitos recuperables en cargos no reembolsables incrementa el coste de mantener la residencia a largo plazo y reduce incentivos financieros en comparación con años anteriores.
Estas modificaciones implican que muchos residentes que eligieron Andorra por su combinación de bajo impuesto y relativa accesibilidad estarán ahora en un régimen más oneroso y regulado, aunque su estatus adquirido generalmente se respeta bajo normas transitorias.
Para quienes planeaban trasladar su domicilio fiscal
Barreras de entrada más altas: El aumento del umbral de inversión y la pérdida de recuperación de depósitos encarecen significativamente los costes iniciales para fijar residencia fiscal en Andorra.
Necesidad de planificación más estricta: Quienes pensaban trasladarse deberán ahora planificar cuidadosamente su calendario, inversiones y presencia física con miras a cumplir criterios más exigentes y evitar embargos o sanciones por residencia ficticia.
Alternativas fiscales y competitividad: El endurecimiento de las condiciones en Andorra puede hacer que otros regímenes —como ciertos programas de residencia fiscal en Portugal u otros países de baja carga impositiva— resulten competitivos en comparación, al ofrecer menores barreras de entrada o incentivos específicos para emprendedores o profesionales.
Riesgos de doble imposición y cumplimiento internacional: La intensificación de la cooperación fiscal internacional y el intercambio automático de información entre Andorra y la Unión Europea desde 2026 fortalece los mecanismos de transparencia y combate contra la evasión fiscal, por lo que simular una residencia sin cumplir requisitos reales implicará mayores riesgos legales y sanciones tanto en Andorra como en el país de origen.
