España ha recibido decenas de miles de millones de euros del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea (Next Generation EU), cuyo objetivo, desde que se crearon, fue la financiación de reformas estructurales y proyectos de inversión en transición ecológica, digitalización, justicia, infraestructura y empleo tras la crisis de la pandemia.
Hasta ahora, la Comisión Europea ha desembolsado más de 55.000 millones de euros en subvenciones y 16.270 millones en créditos para España, aunque alrededor de 1.100 millones del quinto pago han sido suspendidos o recortados por incumplimientos en compromisos clave como la reforma fiscal del diésel y la modernización de la administración digital, además de una deducción de alrededor de 627 millones por no cumplir objetivos vinculados a la reducción de contratos temporales en la administración pública.
La falta de ejecución y justificación completa de proyectos también pone en riesgo una parte adicional de los fondos asignados, según advertencias de las autoridades comunitarias.
Proyectos que no se han cumplido o que generan riesgo de devolución
Para comprender cuáles son las partidas que se han incumplido, basta echar un vistazo a los proyectos que no se han podido justificar ante la Comisión:
- Reforma fiscal verde (diésel): España se comprometió a equiparar fiscalmente el diésel con la gasolina como parte de los hitos acordados con la UE. La falta de avance en esta reforma ha provocado que alrededor de 1.100 millones de euros del quinto pago se congelen o se deduzcan del desembolso europeo.
- Reforma de la función pública: El Tribunal de Justicia de la UE consideró insuficientes las medidas españolas para abordar la temporalidad del funcionariado, lo que también ha contribuido a penalizaciones y ajustes en los pagos de fondos.
- Algunos compromisos relativos a la digitalización de servicios administrativos y la inversión en tecnologías regionales y locales no se han cumplido en su totalidad dentro de los plazos definidos, motivando retenciones parciales del dinero comprometido por la Comisión.
- Datos oficiales muestran que una parte significativa de los fondos del Plan de Recuperación sigue sin gastarse o justificarse correctamente por parte de comunidades autónomas y administraciones locales, lo cual pone en riesgo no solo la absorción, sino también el mantenimiento de los fondos ya liberados si la documentación no cumple los criterios de transparencia y trazabilidad exigidos por la UE.
Proyectos en marcha y esfuerzos para cumplir objetivos
A pesar de las dificultades, España continúa ejecutando numerosos proyectos financiados con fondos europeos, con objetivos claros en sostenibilidad, digitalización y cohesión territorial:
- Movilidad y transición ecológica: Más de 2.400 millones de euros han sido movilizados para iniciativas de movilidad urbana sostenible y transformación ecológica de ciudades y municipios.
- Infraestructuras y transporte: España ha recibido 241 millones para redes de transporte trans-europeas, destinados a mejorar la sostenibilidad y eficiencia del transporte en varias comunidades autónomas. Algo que actualmente se está revisando dadas las incidencias en las vías de Alta Velocidad de los últimos meses.
- Energía limpia e innovación: La participación española en subastas del Innovation Fund para proyectos de hidrógeno renovable suma 465 millones de euros adicionales, consolidando inversiones estratégicas en energías bajas en carbono.
Para facilitar la ejecución y evitar pérdidas de fondos adicionales, el gobierno central está instando a las comunidades autónomas y a las administraciones locales a acelerar los procesos de adjudicación y justificación, y ha introducido medidas administrativas para agilizar la certificación y entrega de proyectos antes de los plazos de cierre de 2026.
Aunque ha recibido decenas de miles de millones de euros y ha promovido numerosos proyectos en áreas clave, el incumplimiento de reformas estructurales y la lenta ejecución en varios frentes han desembocado en retenciones o riesgos de devolución que suman más de mil millones de euros.
El éxito futuro dependerá de acelerar la implementación de proyectos, asegurar la transparencia en la justificación y cumplir los hitos acordados con Bruselas antes de los plazos definitivos de 2026.
