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Los inspectores de Hacienda se oponen a la Ley de Función Pública: «Politiza la Administración con funcionarios a dedo»

– Cargan duramente contra el Gobierno y agrandan su brecha con los técnicos de Hacienda

MADRID, 18 (SERVIMEDIA)

La Asociación Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) manifestó este jueves su rotundo rechazo al proyecto de la Ley de Función Pública «por socavar gravemente» los principios constitucionales sobre los que se asienta la Administración pública, «lo que redundará en una deficiente y politizada prestación de los servicios públicos y en el nombramiento de funcionarios a dedo».

La organización liderada por Ana de la Herrán considera que «la esencia y los principales puntos» de la ley —que se encuentra en la fase de tramitación parlamentaria— «contienen un atropello gravísimo a la Administración pública y a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad». «Por mucho que estos se repitan hasta la saciedad, el texto contiene importantes cesiones a grupos de presión politizados», incide el comunicado.

En este sentido, los inspectores de Hacienda consideran que el proyecto de ley sustituye un sistema de selección de los funcionarios «basado en los principios de una formación altamente cualificada y un funcionario ajeno a toda injerencia política», por uno «que rebaja el nivel de preparación hasta límites insospechados, y que seleccionará, sin lugar a dudas, al funcionario que más se acerque al poder político, debiendo éste el favor en el futuro».

Por ello, criticó a partidos como Unidas Podemos y Junts —sin citarlos— por presentar enmiendas «que vuelven a la carga con una reivindicación histórica por la que un grupo de funcionarios, que ejerce una presión política sin precedentes en nuestra Administración tributaria, pretenden ascender de categoría sin realizar los exámenes necesarios que acreditan la competencia que se precisa para alcanzar los niveles superiores».

Estos «grupos de presión conformados por funcionarios de niveles no superiores» y «apoyados en partidos políticos ‘llave’ del actual Gobierno», son los técnicos de Hacienda, a quienes tampoco menciona en el texto expresamente y con los que existe una brecha importante desde que se conoció el contenido de la ley.

En esta linea, los inspectores de Hacienda les reprocharon que se erijan como «los salvadores del país, por cuanto proponen que la medida de su ascenso ‘a dedo’ implicaría la solución de los problemas fiscales derivados de la economía sumergida, utilizando unos datos que se alejan cada vez más del rigor de los informes emitidos por otras instituciones y economistas que gozan de reconocido prestigio y credibilidad a nivel internacional».

«Estas medidas que afectan a la selección de funcionarios y, por tanto, al servicio público que se presta, implican un grave e injustificable asalto a la función pública, que burla los principios de selección derivados de nuestra Carta Magna», añade el escrito.

Por último, IHE cargó contra el Gobierno por otorgarse en la ley «una carta blanca sin precedentes que se ha querido disimular durante esta tramitación». Esta «carta blanca» recogida en la disposición adicional séptima da al Ejecutivo «una competencia que corresponde al Legislativo», que es la posibilidad de «modificar, crear o suprimir la actual organización de la función pública».

«Desde la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado se advierte a la ciudadanía de que el Proyecto de Ley de Función Pública, de salir adelante, romperá rotundamente el modelo actual de Administración pública, habiendo sido la moneda de cambio ante la cesión de diversos grupos de presión que llevan décadas buscando su interés particular, e implicará una quiebra de difícil solución en la actual división de poderes sobre la que se asienta nuestro Estado de Derecho. España y su Administración van a ser objeto del mayor retroceso que se ha visto en un estado europeo en materia de Administración Pública», concluye el texto.